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Ambientalistas advierten ilegalidad del contrato con Aratirí
El Movimiento Uruguay Libre promueve un plebiscito para prohibir la minería a cielo abierto. Oposición pretende que el gobierno dé a conocer detalles del acuerdo.
Ambientalistas advierten ilegalidad del contrato con Aratirí
Para el Movimiento Uruguay Libre firmar el contrato de inversión con Aratirí en las actuales condiciones viola la ley de minería de gran porte y la Constitución. Incluso se comparó este acuerdo del Estado con la empresa con lo ocurrido con la asociación con Leadgate por Pluna.
El integrante del movimiento, Víctor Bacchetta, aseguró en conferencia que “el Estado uruguayo está negociando con una empresa elegida a dedo”. Para Uruguay Libre el gobierno debió realizar un llamado a interesados en invertir en nuestro país. Alertan que “Aratirí fue fundada en 2005, tiene su sede en un paraíso fiscal y no tiene antecedentes de minería y en 4 ó 5 años propone el proyecto de mayor inversión”.
También se acusó al gobierno de avasallar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que debe otorgar la autorización ambiental, para que habilite por partes el proyecto.
Bacchetta indicó que se va a firmar un contrato donde se incluyen plazos sin las evaluaciones de impacto social y ambiental. “Se ejerce una presión indebida y arbitraria sobre la autoridad ambiental”, sentenció.
En la conferencia, Uruguay Libre informó que ya se recolectaron 10.000 firmas para convocar a un plebiscito que prohíba la minería metalífera a cielo abierto, al tiempo que se anunció que productores de Valentines afectados por la instalación de la minera presentarán recursos ante la Suprema Corte de Justicia por considerar que la ley de minería de gran porte es inconstitucional.
CONTRATO. El senador colorado, Ope Pasquet, solicitó al gobierno que haga público el contrato que firmará con la Aratirí.
“El tema es muy importante. Los efectos de este contrato se van a prolongar durante muchos años, mucho más allá del plazo de este gobierno”, dijo Pasquet.
El legislador de Vamos Uruguay indicó que hay aspectos que interesan a la población, tanto desde el punto de vista económico y fiscal como medioambiental.
El Poder Ejecutivo pretende sellar el acuerdo antes del 20 de enero.
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