Zimmer, el intendente blanco preso por "la Guerra de Patentes"

Luego de hacer declaraciones a la prensa, Zimmer salió ayer del juzgado acompañado por el Jefe de Policía de Colonia. Fue en el auto del jerarca policial a ser fichado como todo procesado.

Desde allí fue enviado a la cárcel de Piedras de los Indios, donde deberá esperar al menos un mes la respuesta del juzgado, según estima Bordes.

Los plazos se alargan porque en el medio de la consideración judicial llegará la Semana de Turismo. El trámite sigue así: la defensa tiene cinco días para presentar la apelación a partir del lunes, y luego el expediente pasa a vista fiscal otros cinco días. Posteriormente, el trámite vuelve al magistrado.

Por lo general, ni el fiscal ni el juez cambian de opinión luego de un fallo salvo que haya ocurrido algo relevante, por lo que no se esperan grandes cambios en la situación procesal de Zimmer,el primer jefe comunal que es enviado a prisión en uso de funciones.

Zimmer, que ha gobernado Colonia desde 2005, tiene abierta esta causa desde 2007. Desde entonces pasó mucha agua bajo el puente, por ejemplo fue reelegido intendente y tuvo lugar la resolución política y administrativa de la llamada “Guerra de las Patentes” alcanzada por la Administración Mujica en 2011.

No por casualidad, el Congreso de Intendentes analizará esta semana el caso y emitirá una declaración de respaldo política para el jefe comunal coloniense. Este hecho se produce en un año electoral y a poco más de un año de las elecciones municipales. También se produce a escasos días que la justicia determine si hubo abuso de funciones en el caso Pluna, un evento que podría determinar el procesamiento por el mismo delito para el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, dos figuras muy relevantes del sistema político uruguayo.

El abuso de funciones y falsificación de documento público que llevó a Zimmer a la cárcel, junto a su director José Aunchain es una de las tantas irregularidades que han cometido las intendencias en las últimas décadas dentro del marco de la “guerra”.

La denuncia contra el intendente y Aunchain fue presentada por Alfredo Martínez, quien había asumido como suplente al frente de la comuna cuando Zimmer renunció para dedicarse a la campaña por la reelección en 2010. El intendente logró ser reelegido, pero la espada de Damocles ya estaba encima de él.

La alteración de fechas que permitió centenares de reempadronamientos de autos de otros departamentos fue el foco de la denuncia. Lo que ocurrió fue parte del enfrentamiento entre las comunas por ganar facturación a partir de las patentes de rodado.

Bordes cree que el impacto judicial es grande, pero también el cívico y el político. Importa mucho el contexto en que fue juzgado su defendido. La Suprema Corte determinó -a través del rechazo de un recurso-  que el abuso de funciones es un delito constitucional, contra la opinión de muchos especialistas en derecho penal, entre ellos los abogados de Zimmer, Calloia y Lorenzo.

En el auto de procesamiento, la jueza Virginia Ginares afirmó que resulta probado que, aunque los reempadronamientos de gran número de vehículos se habrían realizado en enero de 2008, se les declaró falsamente como un hecho ocurrido el 31 de diciembre de 2007, dando fe de un hecho real pero alterando las circunstancias temporales.

Según la jueza, el director de Hacienda fue el encargado de dar la orden verbal. También dispuso que hasta el 11 de enero de 2008 los rempadronamientos procedentes de otros departamentos se ingresaron al sistema con fecha 31 de diciembre de 2007.

Zimmer defendió su posición sosteniendo haber hecho esto “por su departamento”. “Si pudiera volver atrás, haría lo mismo. Esto no es un ilícito”, dijo.

Entonces, qué fue, se preguntan la ciudadanía.. Su abogado, Gustavo Bordes, dijo que no todos los ilícitos deben provocar “reproches penales”. “No pagar el alquiler es un ilícito, despedir a una embarazada es un delito. El primero es una falta del ámbito civil, la segunda del laboral. Puede haber faltas administrativas, como es el caso, pero de ninguna manera es un ilícito penal”.

Precisamente ese es uno de los argumentos de la defensa para apelar el fallo de la jueza, en especial la que tiene relación con la prisión preventiva de Zimmer.

“La jueza dice que es un caso grave, pero no lo argumenta”, dice Bordes. “El propio legislador cuando enunció el abuso de funciones estableció penas que no dan la magnitud de gravedad”.

También rebate otros posibles argumentos de una prisión preventiva: “¿Era posible que Zimmer huyera, se fuera del país?”, se pregunta.

El tercer factor para enviar a la cárcel a alguien como medida cautelar es “la alarma pública”. El cuarto es que pueda recaer sobre Zimmer “pena de penitenciaría”.