¿Principios, rebeldía o 15 minutos de fama?

Un diputado oficialista hace pesar su voto y el gobierno lo sufre. No es la primera vez, ni será la última.

 

Era mayo de 2002, la situación económica del país se agravaba cada minuto y el gobierno de Jorge Batlle buscaba frenar la caída.

Entonces, envió al Parlamento un proyecto de “Estabilidad Fiscal”, en los hechos, un ajuste con aumentos de impuestos a sueldos, jubilaciones y tarifas. Para el Ejecutivo colorado era imperioso aprobar la ley, y con sus socios blancos puso los votos. Pero a la hora de la verdad, surgieron problemas: dos diputados nacionalistas del interior se negaban a votarlo. Carlos González Alvarez y Alejandra Rivero tuvieron en vilo durante horas al gobierno, y el Partido Nacional declaró el tema como asunto político.

El debate se desarrolló durante tensas horas en el Palacio Legislativo, en medios de cuartos intermedios, llamadas telefónicas y nervios en los pasillos. A las dos de la mañana, el propio presidente Batlle se reunió con la diputada Rivero para convencerla. Horas después, en plena madrugada, los rebeldes anunciaron sus votos positivos. El gobierno respiró aliviado. “Fue un papelón”, recuerda uno de los principales operadores de aquel gobierno, diez años después.

Sucede cada tanto y lo sufre hoy el Frente Amplio: proyectos que cuentan con consenso en el oficialismo, con mayorías para ser aprobados, son frenados por la voluntad de un legislador rebelde. Es el caso de Darío Pérez, que tiene en sus manos la aprobación del proyecto que legaliza la venta de la marihuana. Por lo pronto, sus compañeros de bancada postergaron la votación del texto y le dieron plazo hasta fin de mes. En el FA creen que Pérez debe votar el proyecto, salir de sala y dejar a un suplente o no presentarse en la sesión. Pero que no debería frustrar su aprobación.

La izquierda ya sufrió una bofetada similar en el año 2011, cuando el diputado Víctor Semproni negó su voto a la primera versión de una ley interpretativa de la ley de Caducidad. Muchos creen que Semproni en realidad no hizo otra cosa que seguir la voluntad de Mujica, quien en medio de idas y vueltas, había reclamado a los legisladores no votar la ley. De todas formas, en la recta final, hasta el propio presidente rogó a Semproni, sin suerte, que apruebe el proyecto.

Lo cierto es que el diputado quedó solo y meses después fue sancionado por el Frente Amplio.

El FA había sufrido su primera fisura en la Intendencia de Montevideo, cuando en 1997 el edil Jorge Zabalza se negó a votar la concesión a privados del hotel Casino Carrasco. Su decisión contó con el respaldo de su sector, el Movimiento de Participación Popular, aunque muchos dirigentes como José Mujica preferían que se retirara de sala para evitar la crisis política. De hecho, el voto de Zabalza –aplaudido por cientos de gremialistas de ADEOM presentes- llevó a Tabaré Vázquez a renunciar a la presidencia del FA, al no poder aplicar la disciplina en su partido.

En el gobierno de Vázquez hubo otros casos de fisuras que generaron hechos políticos importantes, aunque la aprobación de los proyectos no estaba en juego. En octubre de 2005 por ejemplo, el senador comunista Eduardo Lorier abandonó la sala y dejó una rosa roja en su banca para evitar votar sobre la habilitación a la Armada a participar de la Operación Unitas. Dos meses después, el diputado socialista Guillermo Chifflet fue más lejos y renunció a su banca, cuando le quisieron imponer su voto favorable al envío de tropas uruguayas a Haití. Pero en los dos casos, los votos de la oposición aseguraban la aprobación de los proyectos.

¿Qué hará Darío Pérez? ¿Será el responsable de que el proyecto naufrague o habilitará de alguna forma su aprobación? Eso lo veremos en días.

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