Jorge Díaz sobre lavado de activos: "Durante el último quinquenio hubo como una baja de esa percepción del riesgo"

Explicó que este nuevo sistema fue aprobado en Consejo de Ministros y que requiere cambios a la ley de lavado con “ajustes normativos, la modificación de algunos delitos, con la inclusión de nuevos sujetos obligados, con la eliminación de la Fiscalía de Lavado y bajar el límite del dinero en efectivo, entre otras modificaciones. Ese proyecto está en el Senado, en la comisión de Hacienda, nosotros esperamos su tratamiento y aprobación”.

“Es necesario que el sistema cambie su funcionamiento y que tengamos en el Uruguay una percepción compartida del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de forma tal que los diferentes agentes cumplan con el cometido que la ley les asigna”, sostuvo, y aseguró que considera que “no existe hoy una percepción compartida del riesgo”.

“Durante el último quinquenio hubo como una baja de esa percepción del riesgo que es necesario volver a retomar”, aseguró.

En ese sentido, detalló que esa falta de percepción del riesgo se observa en que bajaron reportes de operaciones sospechosas así como su calidad, así como “ausencia de condenas”.

“Lo que pretendemos con ese sistema es que se establezca un intercambio de información entre los diferentes organismos que tienen competencia. Por ejemplo, Ministerio del Interior, Senaclaft, Banco Central, DGI, Aduanas, Banco de Previsión Social, registros, etcétera”, explicó el prosecretario. “Lo único que estamos haciendo ahora es establecer el vehículo o el camino para que suceda, garantizando que se haga en forma segura y que solo puedan acceder los organismos que el legislador autorizó, y con la finalidad que el legislador autorizó”.

Además, respondió a los cuestionamientos sobre que no hay posibilidad de control desde el Poder Legislativo, por estar en órbita de Presidencia. “El sistema está conformado por cuatro ministros, estos ministros pueden ser convocados al Parlamento y pueden brindar la información que entiendan necesaria. Además, el prosecretario que preside y coordina, aún sin tener la obligación, ha concurrido voluntariamente al Parlamento una vez que ha sido convocado”.

“Creemos que tiene visos de ilegalidad y de inconstitucionalidad, porque se instala en la Presidencia de la República, que es un organismo de competencia cerrada, escapa al control parlamentario, porque no fue creado por ley, que este tipo de ámbitos interinstitucionales se crean por ley y porque creemos que es una especie de apropiación de avocación por parte de Presidencia, de una competencia esencial del Ministerio del Interior, que es el combate al narcotráfico", dijo esta semana el diputado del Partido Nacional y exsubsecretario de Interior Pablo Abdala.