El presidente Yamandú Orsi anunció este miércoles de tarde que firmó el decreto que reglamenta la ley de muerte digna, o eutanasia, aprobada por el Parlamento en octubre del año pasado.
Yamandú Orsi firmó el decreto que reglamenta la ley de muerte asistida, o eutanasia
El presidente Orsi lo anunció con un mensaje publicado en Instagram. “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, escribió.
“La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, escribió Orsi en un mensaje publicado en Instagram, y agrega: “Firmé el decreto que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”.
Al decreto reglamentario de la ley, redactado por el Ministerio de Salud Pública, le seguirá el protocolo de actuación que regirá para cada prestador de salud.
“Hace 6 meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno. Sobre esa base, hoy damos este paso, tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan”, agregó Orsi.
Reglamentación
El MSP había adelantado a comienzos de año que la reglamentación de la ley estaría vigente en abril, plazo que también rige para la implementación de cada prestador de salud público y privado.
La ley promulgada en octubre de 2025 establece que podrán solicitar la eutanasia personas que padezcan una enfermedad terminal, incurable e irreversible y tiene como objeto regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que ella determine.
Los prestadores de salud deben preparar la implementación de la norma, que conlleva protocolos operativos de la práctica y la integración de una comisión evaluatoria.
Dentro de los mismos se encuentran los prestadores que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluidos los servicios de sanidad policial, sanidad militar, y el Hospital de Clínicas, que deberán poner a disposición de los usuarios los servicios para ejercer la eutanasia.
La ley prevé la creación de una comisión multidisciplinaria que deberá evaluar cada caso antes de que el procedimiento pueda llevarse a cabo, con informes médicos y psicológicos exhaustivos y la voluntad del paciente será siempre revocable.
La eutanasia será realizada por un equipo médico que estará exento de responsabilidades penales, civiles y de otra índole, según se desprende de la ley.
Uruguay fue el primer país de América Latina que aprobó esta normativa.
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