Suprema Corte: marcha del silencio, juicio político y vigilancia

Desde las 18 horas serán sujetos de una protesta popular. Los ministros se encuentran en el ojo de la tormenta por tres decisiones polémicas que afectan al gobierno

 

Entre anuncios de juicio político y blindaje policial, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia inician la semana con la perspectiva de una larga jornada, que terminará con una marcha del silencio frente al edificio sede del organismo.

La organización radical Plenaria Memoria y Justicia irá por la calle San José, pero el resto de las organizaciones van a manifestar frente al Cine Plaza, “de espaldas a la Corte”, según dijeron a Subrayado fuentes del Frente Amplio.
La idea es no generar una provocación que termine en una refriega policial.

 

Frente Amplio PIT-CNT y organizaciones sociales convocaron a esta manifestación condenatoria de al menos dos de las tres decisiones importantes adoptadas por la corporación judicial: el traslado a la órbita civil de la jueza penal Mariana Mota y la declaración de ilegalidad de la Ley Interpretativa de la Caducidad.

A todo esto se suma la decisión de declarar la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), un proyecto que necesitó de un fuerte debate dentro del gobierno y grava a los terratenientes con más de 2.000 hectáreas.

De todos modos, más allá de la marcha, no todos los sectores apoyan el pedido de juicio político al que convocó el Movimiento de Participación Popular, el sector del presidente José Mujica.

La magistrada Mota -que ha entendido en más de 50 causas de lesa humanidad- será sustituida por Beatriz Larrieu, la jueza penal que administró justicia en un caso sospechoso de muerte inducida en el Hospital de Colonia.

En tanto la restitución de la Ley de Caducidad -aprobada en 1986- significaría el final de decenas de investigaciones que estaban abiertas y la eventual revisión de procesamientos en casos tales como Aldo Perrini, Vladimir Roslik, Horacio Ramos o Julio Castro.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia obtuvo una rápida respuesta de uno de los agentes de la dictadura más conocidos: “Pajarito” Silveira.

Jorge Silveira, uno de los hombres-símbolos de la dictadura militar, fue el primero en reaccionar en forma pública ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de rechazar la Ley Interpretativa de la Caducidad.

“Se acabo la venganza”, dijo Silveira, desde su lugar de reclusión, la Unidad Nº 8 de Domingo Arena, que comparte junto a una veintena de expolicías y militares.“Pajarito” fue integrante del grupo Operación Comando Antisubversivo (OCOA) y está procesado por la desaparición y muerte de María Claudia Irureta Goyena de Gelman y por el “segundo vuelo de la muerte”.

“Primó la lógica”, dijo Silveira en declaraciones al diario La República y criticó la movilización que este lunes se realizará frente a la Suprema Corte de Justicia: “Van a hacer una manifestación porque el pueblo está en contra de lo que hizo la Corte. Y el pueblo, la mayoría del pueblo, es el que ratificó dos veces con los votos”, señaló.

El hecho también produjo inesperadas repercusiones internacionales.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó este domingo “su grave preocupación” luego de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declarase inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848).

“Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país”, expresó la Alta Comisionada en un comunicado oficial de Nacionales Unidas.

“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, concluyó Pillay.

REPUDIOS. Apenas se conoció la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró la inconstitucionalidad dos artículos de la ley interpretativa de la ley de Caducidad, distintos actores políticos y sociales anunciaron una gran concentración en rechazo a esta resolución.

Lea aquí el fallo completo de la Corte.

La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo a través de su cuenta de Twitter que el lunes a las 18.00 horas habrá una “concentración en silencio” en la Plaza Libertad, en repudio a esta decisión que podría clausurar toda investigación por las causas de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1985).

A esa concentración se suman los representantes del Pit-Cnt y de la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otros.

Por su parte, Javier Miranda, una de las figuras más representativas de la lucha por la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura, llamó a la calma y a respetar la decisión de la Corte aunque no se comparta. 

 

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