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¿Presión argentina por puente Garzón?: Mujica responde a su modo

El presidente dedicó su audición radial a responder a las acusaciones. Las divergencias con la Administración Vázquez , contradicciones y cambios de posición

El presidente José Mujica defendió la aprobación de la obra del puente sobre la laguna Garzón por la necesidad de "contribuir a la industria turística" y apostar al "desarrollo" del departamento de Rocha al que calificó de "todavía pobre".

Mujica se pronunció a favor del equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del ambiente.

"No se puede vivir de espalda al tesoro de la naturaleza; tampoco se puede hacer cualquier cosa. No tiene sentido un paisaje natural sin hombres ni mujeres"

Para la oposición, el gobierno cedió ante el argentino Eduardo Constantini, un  multimillonario empresario, poseedor de una de las colecciones de arte más importantes del mundo.

En su audición radial de hoy, Mujica salió al cruce de esta versión. "No cedemos a empresarios y no podemos acusar a quienes están contra el puente por intereses inmobiliarios. Es una zona que vale 800 dólares el metro cuadrado. No creo que quienes están en contra, ese sea el factor principal.  Nuestra decisión no es ceder  ante ningún capitalista, porque no es una nuestra preocupación. Si cometemos errores es mirando a la gente humilde y al trabajador que se gana la vida con sus manos".

Sin embargo, la versión que recoge hoy el semanario Búsqueda señala que hubo presiones y que entre la administración frenteamplista de Tabaré Vázquez y la de Mujica hubo un fuerte viraje en torno a este proyecto.

En 2008, la empresa Jaswik S.A. -propiedad de Constantini- había firmado un convenio con las intendencias de Rocha y Maldonado para construir el puente. Un año antes había adquirido 274 hectáreas en la zona por 30 millones de dólares.

La empresa Consultatio -también propiedad de Constantini- se pronunció previsiblemente a favor del proyecto. En ese sentido, fue concluyente en señalar que el puente "no generará impactos negativos significativos". La obra costará con 2.5 millones de dólares.

Por entonces, el año 2008, la Dirección Nacional de Medio Ambiente calificó con la categoría C al plan, lo que suponía una visión más negativa acerca de esos impactos.

La ministra Graciela Muslera pidió información ampliatoria y el presidente José Mujica se reunió con el ingeniero Hugo Eguía, quien criticó el informe de Dinama.

Según el líder colorado Pedro Bordaberry, el técnico consultado trabajó para Jaswik, la empresa del inversionista argentino.

El propio director de Dinama, Jorge Rucks, polemizó con Eguía a través de las cartas de los lectores de Búsqueda. Según el jerarca, el técnico hizo una "interpretación sesgada".

De todos modos, Rucks -que asumió su cargo en este gobierno- ya no concuerda con el informe de 2008. En ese sentido se pronunció a favor de la obra y planteó la necesidad de un "proceso analítico y participativo".

El lunes 13 de febrero, hubo un acuerdo en el gobierno sobre aprobar el puente.

Para atender los posibles impactos, se acordó con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desafectar como ruta nacional el tramo de la ruta 10, entre José Ignacio y La Paloma.

Será una zona de baja velocidad para los vehículos, y además no estará permitido el transporte pesado.

Pero no sólo el Estado cambió de opinión sobre el puente sobre la Laguna Garzón.

El encargado de llevar adelante la obra es el prestigioso arquitecto Rafael Vignoly, de gran trayectoria internacional, autor de la obra del aeropuerto Internacional de Carrasco.

Antes de tomar esta responsabilidad, Vignoly había sido claramente contrario al puente.

En su momento, el arquitecto había sido concluyente: la obra traería consecuencias "ecológicas, económicas y culturales".

La ministra Muslera aclaró el cambio de opinión de Vignoly, quien realizará el anteproyecto de manera gratuita. "Ha habido un diálogo, un escucharse entre las partes (...)Mucha gente sigue con posiciones rígidas así como hay otras personas que van evaluando las posiciones contrarias".

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