El artículo 162 del Código Penal establece que comete “abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”.
Sus críticos entienden que es un "delito embudo" que sirve para todo, y quienes apoyan mantener el delito señalan que si no existiera tal configuración -como se plantea- muchos funcionarios públicos no hubieran podido ser procesados en casos como Pluna-Cosmo o el caso "las Casitas" de Paysandú, en donde se comprobó la responsabilidad de la administración municipal en la cesión de una propiedad de uso público para fiestas sexuales con menores.
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