Policías y militares de la dictadura apelan a documentos falsos

Los jueces Juan Fernández Lecchini (Caso Castro) y Mariana Mota (Perrini) encontraron nuevos factores en sus indagatorias.

El único procesado hasta el momento, el ex policía Juan Ricardo Zabala, intentó sacarse responsabilidades con una foja laboral que su ingreso al Servicio de Información de Defensa (SID) fue en 1982, cuando en realidad llegó desde Narcóticos en 1975.  Fue clara su intención de eludir cualquier relación con el secuestro y muerte del maestro Julio Castro, ocurrido en agosto de 1977.

Fernández Lecchini pudo comprobar que Zabala estuvo donde dice haber estado, y que se fue de Inteligencia para volver a Narcóticos en los años 80. Fue gracias a la declaración el soldado Julio Cesar Barboza, un militar de bajo rango que lo acompañó en la captura del maestro Castro, a la salida de una reunión de éste con el oficial de la Marina Oscar Lebel.

Al final, Zabala admitió su responsabilidad en la detención ilegal de Castro, aunque negó su participación en el asesinato. Según declaró, entregó al prisionero a Juan Antonio Rodríguez Buratti en el centro de detención clandestino La casona de Millán.

Allí presumiblemente torturaron y ejecutaron a Castro, de 68 años, por encargarse de la salida del país de perseguidos políticos vía Embajada de México.

La delación de Zabala no tendrá ulterioridad.  En 2006, Rodríguez Buratti se suicidó cuando era conducido a un juzgado por otro caso de violación a los derechos humanos.

Finalmente, el juez Lecchini procesó a Zabala como "cómplice de homicidio muy especialmente agravado", pero no pudo probar la responsabilidad de su jefe en la SIDE, José Nino Gavazzo, a quien se le otorgó el beneficio de la duda.

Gavazzo igual tiene suficientes asuntos pendientes con la ley. Junto a Ricardo Arab, Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez fueron sentenciados por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a una pena de 25 años de penitenciaria como autores responsables de 28 delitos de homicidio (“Caso Segundo vuelo”) muy especialmente agravados en reiteración real.

BARNEIX LO DIJO. Otro caso que trajo documentos falsos e insólitas rupturas de los códigos de silencio entre militares es el caso Perrini.

El principal indagado es el general Pedro Barneix, quien era un joven teniente en el Batallón 4 de Colonia cuando "Chiquito" Perrini fue torturado hasta la muerte el 4 de marzo de 1974.

De hecho, Barneix, que entonces era teniente adscripto al S-2 (Inteligencia), estaba encargado de operaciones de represión e interrogatorio.

Junto al capitán José Baudean y el teniente José Puigvert participó de aquel interrogatorio. Perrini se sublevó ante la violación de una mujeres y fue golpeado hasta quedar inconsciente. Cuando era llevado en una ambulancia hacia el Hospital Militar, murió en el kilómetro 114 de la ruta 1, consigna hoy una crónica del semanario Brecha.

En todo momento, Barneix negó que haya habido torturas. Incluso apuntó a sus compañeros: negó haber estado en el interrogatorio, por tener que salir "por problemas ocurridos en la guardia". 

Según su testimonio, cuando regresó Perrini estaba desvanecido con la cabeza sobre la mesa, informa hoy Brecha en base a fuentes judiciales.

El hoy general dijo haber intentado que Baudean no siguiera con el "interrogatorio".

Sus palabras contradijeron la investigación hecha en 1974 por el juez sumariante, capitán Pedro Bonjour.

Cuando la jueza le leyó el documento y le recordó que el mismo estaba firmado por él, Barneix hizo una confesión insólita: lo obligaron a firmar. Cuando le preguntaron quién lo había obligado, señaló al juez militar. "Era mi superior", explicó.

Según Brecha, sus palabras provocaron un tumulto y la suspensión de la indagatoria. Pronto, la jueza lo llevará a un careo con Baudean.

Barneix no es cualquier militar. En 2005, el presidente Tabaré Vázquez le había otorgado la responsabilidad de recabar datos sobre delitos cometidos en dictadura.

Con esos datos poco certeros, el gobierno frenteamplista tuvo algunos tropiezos, como la búsqueda del cuerpo de María Claudia García de Gelman.

De todos modos, Barneix fue un oficial muy visible durante el primer gobierno de izquierda, llegando inclusive a sustituir al comandante Jorge Rosales en algunos momentos.

Si se concretara su procesamiento, sería el segundo militar de alto rango que tuvo cargos de confianza en los gobiernos del Frente Amplio. El primero fue Miguel Dalmao, procesado con prisión siendo el Comandando de la División IV del Ejército. Dalmao -descendiente del general José Artigas- estuvo involucrado en el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974.

En su momento, la dictadura lo quiso hacer pasar por un suicidio.

Zabala se encontró en la cárcel de Domingo Arena con José Nino Gavazzo, su ex jefe.

Y si es procesado, el general Pedro Barneix arribará a la cárcel militar. Su declaración en el juzgado quizá no será bien recibida por los casi 30 detenidos por crímenes de lesa humanidad.

FOTO: Ex presidente Tabaré Vázquez y general (r) Pedro Barneix en tiempos de acitvidad oficial