Ministerio de Desarrollo Social en la mira del sistema político

Olesker ha sido convocado al Parlamento y Mujica creó dos comisiones para intervenir su gestión.

 

El ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker será llamado al Parlamento para explicar el alcance del contrato con la ONG Centro de Participación Popular (CPP) para dar "apoyo multidisciplinario" en programas sociales.

El pedido plantea la presencia del ministro en la comisión de Población de la Cámara de Representantes. Por separado la diputada blanca Analía Pineyrúa y el colorado Fitzgerald Cantero han cursado solicitudes en tal sentido, informa hoy El País.

El foco del llamado es el contrato con CPP, pero en general se solicitará información  sobre el sistema de contratos para ejecución de los programas sociales.

Según el Tribunal de Cuentas, que observó el gasto de 900.000 dólares, los principales directivos de la institución son técnicos del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de dirigentes de la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que ha sido uno de los buque insignia de los dos gobiernos del Frente Amplio, se encuentra bajo observación de la oposición a partir de la contratación de terceros para la ejecución de programas sociales. De hecho, Olesker se había comprometido un año atrás a revisar los mecanismos que provienen desde los tiempos de Marina Arismendi al frente de esa cartera.

La preocupación llegó a Presidencia, que ayer instituyó dos comisiones que de algún modo están interviniendo la gestión del MIDES.

Por un lado, una de las comisiones apunta a la reestructura interna para entender en el sistema de contrataciones. Según la legisladora blanca Analía Piñeyrúa, que haría el llamado a sala del ministro, Olesker ha admitido en el parlamento que el régimen es "poco transparente" y debe ser mejorado.

Pero al mismo tiempo, el secretario de Estado salió a atacar a "algunos medios" y a la oposición por "mentir" y "tergiversar" información. Oficialmente, el ministerio emitió un comunicado que atribuye la información a "un error de interpretación" del Tribunal de Cuentas.

Según Olesker, el caso de la ONG cuestionada es uno de esos tantos temas en los que no se señala la verdad. Los técnicos del CPP no son funcionarios de planta del MIDES., aunque sí administran varios programas sociales.

Pero según el Tribunal de Cuentas, el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) los hechos son claros.

En cuanto a la prohibición de tener más de un vínculo laboral con la Administración Pública, el informe sostiene: "la mayoría de los integrantes del equipo técnico contratado desempeña tareas en el MIDES, vulnerándose en forma oblicua, lo dispuesto por el artículo 46, que establece como impedimento a efectos de contratar con el Estado el hecho de ser funcionario o mantener un vínculo de cualquier naturaleza, dependiente de los organismos de la administración actuante".

REORIENTACIÓN. Por otra parte, la segunda comisión oficial se encargará de reorientar las políticas sociales.

Un documento interno del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector del presidente José Mujica, reconoce que junto a los planes de vivienda y salud, los programas sociales son uno de los puntos débiles del gobierno.

De hecho, Mujica quiere implantar definitivamente las contrapartidas a cambio de la entrega de salarios sociales y otros beneficios. En el período, la Administración pretende gastar 4.200 millones de dólares.

En esta última comisión está el Ministerio del Interior, una secretaría de Estado que viene desde hace tiempo reclamando políticas focalizadas en zonas rojas y en las familias de los 9.000 reclusos alojados en las cárceles de todo el país.

Desde un año atrás, existía el compromiso de Bonomi y Olesker de trabajar en este sector de población desde que se instalaron los megaoperativos. Para Bonomi es fundamental dar compensaciones sociales a los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que se aplican políticas represivas.

Según publica hoy La República, Marconi y Cerro Norte serán los primeros barrios en recibir la asistencia social. Se trata de dos de los barrios más afectados por la influencia de las organizaciones criminales, especialmente de narcotraficantes, que hoy protagonizan una guerra territorial. Un informe oficial señala que se ha detectado que en Marconi una de las bandas paga los servicios de luz y agua de gran parte del barrio como forma de fidelizar a los vecinos. Los Bartolo, Luis Alberto Suárez "El Betito" y Marcelo Panizzi, son algunos de los grandes narcos que hoy se disputan el mercado de las drogas en el oste montevideano.

Frente a ello, el Ministerio del Interior quiere crear redes de líderes positivos, con centros de educación física y cultura.

 

 

 

 

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