La jueza Fanny Canessa archivará la primera denuncia contra militares como consecuencia directa del fallo de la Suprema Corte restaurando la Ley de Caducidad de 1986 y dejando de lado la Ley interpretativa promovida por la Administración Mujica.
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Jueza archivará primer caso tras restauración de la Caducidad
Se trata del caso del militante tupamaro Edgar Sosa, preso en el Penal de Libertad y fallecido en el Hospital Militar en 1982.
Canessa y el fiscal Eduardo Fernández Dovat cerraron el caso, pero el abogado defensor de la familia Sosa, Oscar López Goldaracena, presentó nuevos elementos que reabrieron el expediente.
El nuevo fallo de la Suprema Corte sobre la Caducidad deja a criterio de cada juez si continuar o no la instrucción de cada causa. Cuatro de cinco ministros consideraron una “flagrante ilegalidad” la ley interpretativa de octubre de 2011.
Para la mayoría de los ministros una ley no puede declarar la imprescriptibilidad de un delito a regir para situaciones ocurridas con anterioridad a la vigencia de la ley.
El fallo generó fuerte malestar en el gobierno y generó un enfrentamiento con organizaciones de derechos Humanos y el propio Frente Amplio. Al mismo tiempo, la Suprema Corte resolvió el traslado a la órbita civil de la jueza Mariana Mota, quien entendía hasta entonces en más de 40 causas relacionadas con delitos de esta naturaleza.
El nuevo escenario planteado por el máximo órgano del Poder Judicial le quita categoría de lesa humanidad a dichas denuncias y les da carácter de delitos comunes.
De todos modos hay un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a partir de la denuncia del caso Gelman, que -en teoría- obligaría a Uruguay a revisar todas las causas de violación a los derechos humanos en la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1984.
Hasta el momento SCJ dictó inconstitucionalidad en cuatro casos: Julio Castro, Vladimir Roslik, Sosa, y una denuncia de tortura de varios expresos políticos, informa hoy El País. Esta última denuncia está en manos del juez Pedro Salazar.
Otros casos están en manos de los jueces Julia Staricco y Carlos García. A propósito de esto, se anunció que esta semana se presentarán dos recursos de inconstitucionalidad por parte de militares implicados en denuncias por delitos cometidos en el gobierno de facto.
La defensa del expolicía Ricardo Zabala, procesado con prisión en marzo de 2012 por el secuestro y muerte de Julio Castro, pidió el cierre de la causa. Docente y pedagogo, Castro desapareció en 1977. Zabala era parte de Inteligencia policial dirigido entonces por José Nino Gavazzo.
La semana pasada, Staricco comenzó a citar a policías, militares y personal subalterno. Se anunció que la lista contenía más de un centenar de nombres y los casos involucraban a más de quince unidades militares y centros de salud que en los 70 y 80 estuvieron bajo el mando de las Fuerzas Conjuntas.
FOTO: Afiche del grupo Plenaria Memoria y Justicia sobre el Caso Julio Castro
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