La Policía libró la orden de detención contra las siete personas que están siendo juzgadas por la asonada a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Según se informó el Departamento de Operaciones Especiales detuvo a la docente Patricia Borda, una de las indagadas en el caso.
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Inminente fallo sobre 7 activistas de la asonada a Suprema Corte
La activista de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, confirmó a Subrayado que también fueron detenidos Álvaro Jaume y el ex tupamaro Jorge Zabalza. "Acabo de llegar a mi casa, estoy esperando que me vengan a buscar", dijo Leites que también se encuentra en la lista de juzgados.
El fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento para los cuatro por considerarlos instigadores del episodio ocurrido en el mes de febrero. En un dictamen que presentó el 16 de septiembre, pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad".
El representante del Ministerio Público también pidió los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela.
El sábado venció el plazo de 45 días para que la jueza Gabriela Merialdo pronuncie su fallo.
Irma Leites confirmó a El País el pedido de captura y dijo no saber por qué. "No sabemos nada, no sé si vamos todos presos", dijo.
Leites tiene un procesamiento anterior por desacato, debido a desórdenes ocurridos durante la visita de George W. Bush a Uruguay en 2005.
PARO LICEOS. En solidaridad con los detenidos, la Asociación de Docentes de Montevideo realiza un paro desde este mediodía e invita a concentrar a los profesores en la puerta del Juzgado de la calle Misiones donde se darán a conocer los eventuales procesamientos. La medida se mantendrá hasta que culmine la instancia judicial, lo que afectará el dictado de cursos.
FOTO: Protesta en la Suprema Corte de Justicia. En la foto de archivo se ve a Irma Leites, Jorge Zabalza, Aníbal Varela y Álvaro Jaume. El hecho se originó a partir del traslado de la jueza Mariana Mota del juzgado penal a la órbita civil. Los activistas consideraron que la decisión estuvo relacionada con la decisión de la Suprema Corte de ratificar la vigencia de la Ley de Caducidad. Mota era la jueza que manejaba al menos 40 causas de violación a los Derechos Humanos en dictadura.
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