ICIR y Caso Mota genera crisis entre gobierno y Poder Judicial

La convocatoria al Parlamento de los ministros de la Suprema Corte. Recursos contra impuesto IASS y nubes negras sobre la Caducidad. Una "injusticia", según Frente Amplio

19 de febrero de 2013, 09:22hs

 

La Suprema Corte de Justicia y el gobierno están enfrentados por dos temas, en apariencia muy distintos entre sí: el llamado “impuesto al campo” y el traslado de la jueza Mariana Mota a la justicia civil.

Los hechos desencadenaron crisis, en un caso un fuerte debate dentro del gobierno y en el otro una manifestación dentro de la sede del organismo que llamó la atención por su vehemencia.

En pocas horas, la máxima institución judicial del país salió de su habitual bajo perfil y abrió dos carpetas que conllevará fuertes y duraderas repercusiones en el tejido social y político.

El tributo a los grandes propietarios de tierras, creado en 2011, era una declaración de principios para la Administración Mujica, más allá de los 60 millones de dólares que se esperaba recaudar para la caminería rural y el Instituto de Colonización.

La caída de Mota también tiene significado más allá de su naturaleza administrativa: se trata de una jueza emblemática que estaba a cargo de más de 50 causas de lesa humanidad. En los últimos años había sido responsable de algunos de los encarcelamientos más resonantes de ex jerarcas de la dictadura.

La nueva conformación del máximo órgano judicial volcó las cosas a favor de los impugnantes del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

También parece haber sido decisiva para establecer un nuevo destino para la magistrada, quien estaba en el ojo de la tormenta por varias amonestaciones privadas y algunos hechos públicos -su aparición en la marcha del 20 de mayo de 2012- que ponían en duda su imparcialidad en algunos de los casos en los que solía entender.

La llegada de César Chalar como ministro quebró la paridad que estaba establecida por el ICIR, y decidió la suerte de Mota al “ostracismo” de la justicia civil.

En las últimas horas trascendieron ds nuevos temas, uno de la esfera política y otro relacionado con el mundo de los impuestos. Ambos asuntos señalan una nueva amenaza de enfrentamiento: la eventual inconstitucionalidad del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (creado por la reforma Tributaria de 2008) y un posible fallo anulatorio de la ley interpretativa de la Caducidad, un tema que dividió al gobierno pero que ya se creía saldado.

Envalentonados por la caída del ICR, unos 2.000 jubilados presentaron recursos contra el IASS, que sustituyó al Impuesto a las Retribuciones Personales. En su momento, éste último fue declarado inconstitucional para los jubilados e n el ño 200, informa hoy El Observador.

El Frente Amplio hizo su lectura integral de los hechos integrando todos los temas. El vocero de esta posición fue el senador comunista Eduardo Lorier. Lorier, que hoy representa el ala más radical de la coalición, dijo que los ministros de la SCJ “defienden el poder hegemónico” y los “intereses de los poderosos”.

La agrupación de gobierno -los legisladores del Frente Amplio- comenzaron a analizar la convocatoria de los ministros al Parlamento, algo que ha sido visto por la oposición como una presión indebida que lesiona la independencia del Poder Judicial. La citación, en principio, sería para mañana, miércoles.

Aunque el llamado tiene como tema el traslado de Mota, es visto como un llamado de atención a todos los efectos.

Tanto el vicepresidente Danilo Astori como el prosecretario de la Presidencia creen que es innecesaria la convocatoria a la Comisión de Constitución. 

XAVIER VERSUS ICIR. A cuenta de más, el Frente Amplio también atacó la decisión de revocar el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Este martes, la presidenta de la coalición Mónica Xavier se pronunció contra el revocamiento e insinuó que el Poder Judicial no es independiente en Uruguay. No obstante, dijo que el partido de gobierno será “respetuoso de la institucionalidad”.

El hecho se produce 24 horas de la comparecencia de los cinco ministros de la Suprema Corte por el traslado de la jueza Mariana Motta.

Pero el nuevo pronunciamiento deja en evidencia que la molestia del oficialismo con los magistrados se extiende al tema impositivo.

"Lamentablemente la SCJ mediante sus fallos posiblemente proteja a estos grandes capitales perjudicando al país y a su gente que se verá limitada una vez más en las obras necesarias a realizar. Frente a estos hechos decimos que respetamos los pronunciamientos de la SCJ porque somos partidarios de defender y ampliar la democracia, pero no los compartimos, ya que generan mayor injusticia en una sociedad que queremos transformar hacia la mayor equidad y justicia social", señaló en su columna publicada este martes en el sitio del Frente Amplio .

Xavier dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) es "una decisión injusta".

La dirigente socialista recordó que las intendencias ya hicieron llamados a licitación para compra de maquinaria con miras a la reparación de vialidad rural, dinero que iba a salir del ICIR.

Según el Frente Amplio, la caída del impuesto demorará al menos dos años las obras previstas.

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