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Gandini exige responsabilidad politíca del presidente de UTE
El legislador nacionalista asegura que Casaravilla firmó un pedido de datos donde se tergiversó información y desestimuló el inicio de una investigación.
Gandini exige responsabilidad politíca del presidente de UTE
El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, exige que el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, se haga responsable por un pedido de informes con "respuestas fraudulentas" que desestimularon una posible investigación parlamentaria.
Como consecuencia de la solicitud del legislador nacionalista, el Directorio del ente resolvió iniciar una investigación administrativa interna que determinó la existencia de irregularidades en el proceso licitatorio y en la ejecución de obras en la central Batlle y Ordóñez que derivó en sumario y separación del cargo a tres gerentes y el pasaje de los antecedes a la Justicia del Crimen Organizado.
Gandini aseguró que en el pedido de informes, firmado por Casaravilla, se tergiversó información.
La indagatoria interna de UTE constató que la empresa Soluziona-CSI no contaba con sanciones en su legajo ni penalizaciones económicas. Ambos extremos habían sido contestados afirmativamente al legislador en su solicitud enviada el 27 de junio pasado.
El ente también había contestado que los trabajos habían sido de su conformidad, siendo que tuvo que hacer reparaciones una vez finalizadas las obras de la empresa en la Central Batlle.
La licitación había sido adjudicada a la empresa por poco más de 1.200.000 dólares, pero al finalizar la licitación debió abonar más de 2.800.000 dólares, más del doble del costo inicial.
“Nunca vi (un pedido de informes) con respuestas probadamente falsas”, sostuvo Gandini. El legislador nacionalista afirmó que “el presidente de UTE fue 'víctima' de la subgerencia que lo indujo a error, pero es responsable político”.
La Justicia del Crimen Organizado intenta determina la responsabilidad de funcionarios de UTE en dos licitaciones por 7 millones de dólares a la empresa Soluziona-CSI entre 2006 y 2010, cuando Pedro De Aurrecoechea era vicepresidente del ente y accionista del consorcio, según El País.
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