FA analiza posible juicio político a la Suprema Corte

Topolansky llamó a una reunión urgente del MPP por caso Mota y Caducidad. Bayardi maneja el juicio político en caso de que se haya violado la independencia de Mota.

22 de febrero de 2013, 14:53hs

 

La senador Lucía Topolansky, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), primera senadora del Frente Amplio (FA) y esposa del presidente de la República, José Mujica, dijo a Subrayado que convocó a una reunión urgente de su sector político para analizar las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Topolansky señaló como irregularidad que se decidió el traslado de la jueza Mariana Mota, de un juzgado penal a otro civil, sin consultar previamente al Fiscal de Corte, Jorge Díaz, lo que está previsto en la Constitución, artículo 246.

Además, dijo que la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte de la ley que eliminó los efectos de la Ley de Caducidad, también será analizado en la reunión del MPP.

Según Topolansky, se discutirá la posibilidad de realizar un juicio político a los miembros de la Suprema Corte. Según supo Subrayado en el MPP saben que para convocar a un juicio político contra la Corte se requieren mayorías especiales en el Parlamento, más allá de los votos con los que cuenta el Frente Amplio. Aún así, existe la intención de promover esta acción parlamentaria para generar un hecho político de suma trascendencia.

Consultado por Subrayado, el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) dijo que se plantea la posibilidad de un juicio político en el caso de llegar a la conclusión de que el traslado de la jueza Mota haya sido "sin fundamentos", por que esto "violaría la independencia de los jueces". 

Esto puede merecer un juicio político, dijo Bayardi, quien se cuidó de separar el caso del traslado de Mota, de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley que anuló los efectos de la ley de Caducidad.

"Son temas distintos", dijo Bayardi, para quien no corresponde hacer un juicio político a la Corte por declarar inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad. "Es una potestad de la Corte", señaló, aunque destacó que con esta decisión la SCJ desconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta Corte internacional le exigió a Uruguay que "remueva" los obstáculos legales que le impedían al Estado investigar y eventualmente procesar a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Esta exigencia resultó de la denuncia que presentó Macarena Gelman ante la Corte Interamericana por el archivo del caso que investigaba la desaparición y muerte de sus padres durante la dictadura.

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