El MPP promueve juicio político a la Suprema Corte de Justicia

Vincula el traslado de Mota a la declaración de inconstitucionalidad de la ley que anuló la ley de Caducidad y dice que la Corte es responsable de la impunidad.

22 de febrero de 2013, 17:15hs

 

El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario dentro del Frente Amplio (FA), resolvió promover un juicio político a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el traslado de la jueza Mariana Mota y la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley del 2011 que anuló los efectos de la ley de Caducidad de 1986.

El MPP vinculó ambas decisiones (el traslado de Mota y la inconstitucionalidad de la ley del 2011) y acusó a la Corte de ser responsable del “mantenimiento de la impunidad en Uruguay”.

En una declaración publicada este viernes, el MPP advierte que la Suprema Corte violó el artículo 246 de la Constitución al trasladar a la jueza Mota sin consultar previamente al Fiscal de Corte, Jorge Díaz, como indica la Carta Magna.

“Resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831”, señala el MPP y agrega que se “recorrerán los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas”.

En la conferencia de prensa donde se dio a conocer esta decisión del MPP, la principal senadora del sector y a su vez del Frente Amplio, Lucía Topolansky, dijo concretamente que se plantea la posibilidad de un juicio político a la Corte.

Pero el Frente Amplio no tiene los votos suficientes para un juicio político a la Corte ya que se requieren mayorías especiales. Debería contar con los votos de la oposición, que se niega a tal extremo.

Comunicado completo del MPP:

"Ante las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia el MPP declara que:

1: Rechaza la sentencia de la SCJ que impide que los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar sean considerados delitos de lesa humanidad.

Dicha resolución es un obstáculo en el camino de la búsqueda de Verdad y Justicia legítimamente reclamado por el conjunto de las organizaciones sociales y víctimas del Terrorismo de Estado.

2: Entendemos que con estas resoluciones la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República.

3: Denunciar el incumplimiento, por parte de la SCJ, de los procedimientos establecidos en la Constitución de la República en su art. 246 para el traslado de la jueza Mariana Mota. Resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831.

4: Por lo expuesto, recorreremos los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas.

5: Convocamos a la concentración a realizarse en la Plaza Libertad el día lunes 25 a las 19 horas, por Verdad y Justicia."

 

BAYARDI. Consultado por Subrayado, el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) dijo que se plantea la posibilidad de un juicio político en el caso de llegar a la conclusión de que el traslado de la jueza Mota haya sido "sin fundamentos", por que esto "violaría la independencia de los jueces".

Esto puede merecer un juicio político, dijo Bayardi, quien se cuidó de separar el caso del traslado de Mota, de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley que anuló los efectos de la ley de Caducidad.

"Son temas distintos", dijo Bayardi, para quien no corresponde hacer un juicio político a la Corte por declarar inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad. "Es una potestad de la Corte", señaló, aunque destacó que con esta decisión la SCJ desconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta Corte internacional le exigió a Uruguay que "remueva" los obstáculos legales que le impedían al Estado investigar y eventualmente procesar a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Esta exigencia resultó de la denuncia que presentó Macarena Gelman ante la Corte Interamericana por el archivo del caso que investigaba la desaparición y muerte de sus padres durante la dictadura.

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