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Condenaron a prisión al dueño de un pub del Buceo por discriminar
Obligó a un cliente a irse del local por tener una caravana puesta. La jueza entendió que lo de la caravana fue una excusa para echarlo. La pena puede ser suspendida.
Condenaron a prisión al dueño de un pub del Buceo por discriminar
La Jueza Letrada en lo Penal de 9º turno, Dra. Gabriela Merialdo condenó al responsable del pub Tres Perros de la zona del Buceo, a cinco meses de prisión, con el beneficio de la suspensión condicional de la pena, por obligar arbitrariamente a un cliente a abandonar el local.
El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo del 2011, cuando la víctima, el conocido activista Fernando Frontán, concurrió a un pub, para celebrar el cumpleaños de una amiga. Media hora después de ingresar, personal de seguridad (por mandato de uno de los dueños) le solicitó que se quitara una caravana que portaba o debía abandonar el lugar.
Ante tal situación, Frontán se cuestionó los motivos por los cuales él no podía usar dicho accesorio, permitiéndose su uso a las mujeres presentes en el lugar. El guardia de seguridad le contestó que era en cumplimiento de "políticas de la casa".
El caso pasó a la Justicia y tras tomar testimonios y reunir pruebas, la jueza Merialdo concluyó que "la violencia moral ejercida contra la víctima, no resulta atípica como sostiene la Defensa, desde que se obligó al sujeto pasivo a abandonar un local comercial donde estaba invitado a festejar un cumpleaños, por la sola circunstancia de tener puesta una caravana, cuando en el lugar había personas de ambos sexos en igual situación que él, y no fueron compelidas a abandonar el local”.
La jueza concluyó que el uso de la caravana “fue una simple excusa para hacerlo abandonar el local comercial, quedando así atrapada la conducta delictual, en la figura imputada de violencia privada".
Éste no fue el único caso que involucra al pub en un delito de este tipo. En diciembre de 2011 Marcel Puyol -que se presentó como afrodescendiente- fue echado del lugar porque "la casa se reserva el derecho de admisión".
Para este delito, el Código Penal prevé una pena que va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
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