Lea el fallo de la SCJ que declara inconstitucional el ICIR

El presidente Mujica analiza nuevos impuestos o el reciclaje de otros que se pensaba dejar atrás. También se estudia la posibilidad de reformar la Constitución.

 

El gobierno analiza reformar la Constitución para gravar con alcance nacional a los grandes propietarios de tierras. Ante los intendentes, José Mujica dijo este domingo que el gobierno analiza cambiar el enfoque del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Hasta el momento la Suprema Corte de Justicia falló en contra del ICIR en una oportunidad (lea aquí el texto del fallo) pero hay más de 120 recursos presentados.

Mujica y los intendentes habían sellado este acuerdo que incluía la derogación de impuestos municipales como el correspondiente a semovientes, el cual era cobrado por los gobiernos departamentales.

Tras el anuncio del rechazo del ICIR por parte de la Suprema Corte, la administración Mujica maneja varias alternativas. Según trascendió una opción era aplicar el Impuesto de Primaria a los 1.200 contribuyentes involucrados en el impuesto.

El vicepresidente Danilo Astori se pronunció por una “fórmula intermedia” como la aplicación de un impuesto al patrimonio sobre la producción agropecuaria. Astori estuvo en contra del ICIR desde el comienzo tanto por su filosofía (grava la tenencia de tierra más allá del índice Coneat) como por su pertinencia en el tiempo, en el entendido que significaba “un cambio en las reglas de juego”.

Se estima que la no implantación del ICIR retrasará al menos dos años las obras de caminería rural que reclaman los intendentes y que el gobierno se comprometió a llevar adelante con lo recaudado por este impuesto que ahora deberá derogar..

La recaudación del impuesto -unos 60 millones de dólares- iba a dedicarse a obras en la zona rural y también a compra de tierras para el Instituto Nacional de Colonización.

El ICIR no era un simple impuesto para resolver los problemas de caminería rural y compra de maquinaria. Era además parte del acuerdo marco que pretende coordinar el presidente con los intendentes a efectos de quebrar la lógica opositora en base a intereses comunes. Entre esos planes está la Patente Única de Rodados, la Universidad Tecnológica, y la disposición final de residuos.

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