Un camino hacia la vivienda decorosa
Artículo 45 de la Constitución de la República: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa...
Artículo 45 de la Constitución de la República: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
La Defensoría del Vecino, junto a otros organismos públicos convocados, viene trabajando en el tema de las casas abandonadas y ocupadas que existen en Montevideo y que generan una serie de situaciones de afectación a derechos ciudadanos a distintos grupos poblacionales: a los ocupantes, a los vecinos de los entornos y en algunas situaciones a los propietarios.
En esta red de complicaciones está trabajando el grupo Fincas, como lo hemos informado en otros espacios de este Blog, el Ministerio de Vivienda, el INAU, la IM, varios Municipios, fundamentalmente el B y el C, el MIDES y el Ministerio del Interior.
Las dos dimensiones de trabajo que nos hemos propuesto son:
1.- Trabajar sobre situaciones de viviendas que hoy están ocupadas y que por distintas razones urge una intervención integral. En este sentido se han priorizado y se está operando sobre algunas fincas de manera integral, ellas son:
Bulevar Artigas y Maldonado – Ex COMAEC (ya culminado el proceso)
Edificio de la calle Varela y Valladolid (en etapa final de realojo)
El ex Hotel Casino en la calle Gonzalo Ramírez (en proceso de intervención)
Otros edificios, fundamentalmente en la zona de la Ciudad Vieja están para ser priorizados para futuras intervenciones.
2 - La segunda dimensión tiene que ver con dotar al Estado con herramientas jurídicas, de plenas garantías para las partes involucradas y motivados por el interés general y la protección integral de los derechos ciudadanos, que permita transformar el uso antisocial de la propiedad en un bien social al servicio de soluciones habitacionales.
En este sentido el Parlamento Nacional, a iniciativa del Diputado Alfredo Asti, está estudiando, y esperamos su pronta aprobación, un proyecto de ley en este sentido, que permitirá la declaración por vía judicial del “estado de abandono” de una finca cuando se constate incumplimiento en las obligaciones emanadas del Art. 37 de la Ley 18308, de ordenamiento territorial.
En el camino de seguir en la búsqueda de soluciones para un tema de larga data en Montevideo, y que vemos con satisfacción que se comienza a encontrar algunas estrategias para atender la multiplicidad de afectaciones que impone la situación de tener viviendas abandonadas en la ciudad, se suma en estos momentos un proyecto que será ejecutado por el INAU, el MIDES y el Ministerio de Vivienda, al cual se le denomina Pensión Social.
La propuesta: Pensión Social
Este nuevo programa permite albergar en forma provisoria a las familias realojadas de las fincas abandonadas y ocupadas, y desarrollar un trabajo socioeducativo.
La propuesta busca que estas familias adquieran las capacidades sociales para una buena reinserción social, laboral, educativa y un fortalecimiento familiar que permita una mejora sustancial en la calidad de vida de las mismas, evitando de esta manera tanto el deterioro individual y familiar que implica la condición de ocupantes informales de fincas, como también evitar el deterioro que implica para vecinos de los barrios, las fincas en condiciones de abandono con todo lo que conlleva para vida de un barrio.
Estamos frente a un paso importante que se aplica luego de un estudio profundo de las condiciones y las características de los núcleos familiares con niños y niñas.
La propuesta brinda una posibilidad a la vez que exige un fuerte compromiso de las familias con la búsqueda de una solución definitiva, a través del esfuerzo propio, condición clara para sostenerse en el proyecto.
Las familias deben cumplir con la atención de la salud, la escolaridad de los niños y las niñas, la inserción laboral y la generación de ingresos propios que les permitan afrontar la administración de sus necesidades.
La Pensión Social que se inauguró el pasado 6 de setiembre, es transitoria, y en un plazo de dos años se deberán implementar soluciones definitivas en la relación a la vivienda.
Este esfuerzo se enmarca en una coordinación operativa entre los organismos convocados y viene demostrando que es posible la articulación de recursos del Estado en función de pautas y proyectos concretos, para satisfacer las necesidades de la población y generar políticas públicas eficaces que queden instaladas y modifiquen lógicas burocráticas que se interponen y dificultan las soluciones.
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