Política

Polonia defiende una ley que podría bloquear la restitución de bienes judíos

El gobierno polaco dio el viernes su apoyo a una ley adoptada por los diputados que podría bloquear, según los expertos, las restituciones de bienes, incluidas las propiedades judías expoliadas por los nazis, un texto que Israel tachó de "inmoral".

El gobierno polaco dio el viernes su apoyo a una ley adoptada por los diputados que podría bloquear, según los expertos, las restituciones de bienes, incluidas las propiedades judías expoliadas por los nazis, un texto que Israel tachó de "inmoral".

La ley, que enmienda el código administrativo y fue votada el jueves por la noche, permite no sólo bloquear las restituciones de bienes sino también las indemnizaciones para antiguos propietarios y sus sucesores legales al final de un periodo de 30 años, según los expertos.

"Esta ley inmoral golpeará seriamente las relaciones entre nuestros países", tuiteó la embajada de Israel el jueves por la noche.

"Hará imposible la restitución de los bienes judíos o la demanda de indemnización para los supervivientes del Holocausto y sus descendientes, así como para la comunidad judía, de la que Polonia ha sido la patria durante siglos", añadió.

En Ministerio de Relaciones Exteriores polaco indicó el viernes que "es con preocupación que Polonia toma nota de las afirmaciones de la parte israelí en relación a la enmienda del código de procedimientos administrativos", según un comunicado.

"Estas declaraciones indican un desconocimiento de los hechos y del derecho polaco", añadió el ministerio.

"Polonia no es responsable del Holocausto, que fue un crimen cometido por los invasores alemanes, contra, entre otros, los ciudadanos de nacionalidad polaca", prosiguió.

"Mientras sea primer ministro, Polonia no pagará por los crímenes alemanes, ni un esloti, ni un euro, ni un dólar", declaró a la prensa el jefe de gobierno polaco, Mateusz Morawiecki.

Los autores de la propuesta legislativa estiman que es necesaria para homogeneizar la ley con una decisión del Tribunal Constitucional de 2015, según la cual se tiene que imponer una fecha límite a cualquier impugnación de una decisión administrativa.

La ley prevé un límite de 10 a 30 años, según los casos.

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FUENTE: AFP

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