Los derechos humanos en las políticas públicas

La experiencia de estos seis años de gestión de la Defensoría del Vecino, ha permitido desarrollar una institucionalidad inexistente hasta ese momento que ha aportado un nuevo enfoque en la gestión pública.

 

La experiencia de estos seis años de gestión de la Defensoría del Vecino, ha  permitido desarrollar una institucionalidad inexistente hasta ese momento que ha aportado un nuevo  enfoque en la gestión pública. Específicamente se trata de analizar las políticas públicas en  Montevideo con enfoque en los derechos humanos, observando en forma  permanente los efectos de la aplicación de las políticas públicas sobre los derechos de los ciudadanos. 

Esta observación se efectiviza por un lado tomando como insumo fundamental la percepción que tiene la ciudadanía sobre la aplicación en aspectos concretos de la vida cotidiana de la ciudad, y por otro, como fruto del análisis que se hace desde el equipo técnico y el Defensor, de los problemas visibles en la ciudad.Desde el enfoque de una institución de garantía y promoción de derechos humanos las disfuncionalidades en las Politicas Públicas, tienen un efecto de vulneración, afectación o incluso de violación de derechos ciudadanos.

La finalidad central de la Defensoría del Vecino es detectar la disfuncionalidad y sus  efectos negativos sobre la ciudadanía, pues esto le permite articular la defensa para una pronta restitución del derecho vulnerado por la Administración responsable, sea la IM, los Municipios o algún otro organismo público. 

Cuando estos fenómenos se observan y son analizados, surgen las recomendaciones, como herramienta que utiliza el Defensor para incidir en la  estructura de las políticas públicas, proponiendo ajustes o cambios que garanticen los derechos en cuestión.

De esta manera la Defensoría desarrolla un rol de análisis del diseño y la aplicación de las políticas públicas, el que es motivado por el principio que nos indica que las mismas deben ser la principal fuente de garantía de los derechos ciudadanos en el marco de la concepción de “Estado de derecho”.

En este sentido toda la actuación institucional y defensorial pretende aportar al mayor acercamiento posible a este principio, de tal manera que la Administración obtenga, de la actuación de la Defensoría, un aporte colaborativo para ser incorporado y de esta manera procesar cambios que aumenten el escenario de las garantías de los derechos de los ciudadanos.

En el desarrollo del 6º Informe Anual, que será presentado en breve, exponemos la forma en que la Defensoría del Vecino, en sus diversas intervenciones, aplica este concepto.

Esto se puede extraer del  análisis de la actuación de la gestión de los reclamos, en función de cómo se distribuyen temáticamente y cómo se articula la defensa del derecho vulnerado que moviliza al reclamante a solicitar la actuación de la Defensoría. 

En la medida que un reclamo se inscribe en el marco de una temática referida a un área de la gestión departamental o municipal  que ha sido analizada por la Defensoría como un área que tiene dificultades en su implementación, la gestión del reclamo se orienta hacia la construcción de propuestas, que mediante la negociación y la persuasión, logren los cambios necesarios.

Estos cambios deben incorporar las necesarias adecuaciones que permitan la  restitución, en la mayor medida posible, del escenario de protección de los derechos y por lo tanto garantice el ejercicio pleno del derecho afectado. De esta manera el Estado, las políticas públicas y el accionar de la Administración Pública, una vez procesadas las adecuaciones propuestas, vuelven a ocupar el lugar de una de las garantías principales de los derechos ciudadanos.

Podemos decir entonces que ahí “el Estado como tal, se configura y cumple con su responsabilidad de garantía de los derechos humanos, que es el principio fundamental del Estado de derecho”.

El rol de una Defensoría del Pueblo en este escenario es de “colaboración crítica”, que apoyada en la autonomía e independencia que le brinda el marco jurídico institucional, en el respeto del sistema político hacia la actuación del Defensor y en la responsabilidad del titular en ejercer a pleno la autonomía e independencia, se establecen  las condiciones imprescindible para un buen desempeño.

No se debe  desconocer  que el disponer de recursos humanos, edilicios y económicos forman parte también del escenario de la autonomía y por supuesto el carecer de ellos la limita.

En este sentido la Defensoría del Vecino de Montevideo, en estos 6 años de actuación, (2006/2012) que implicaron entre sus objetivos la construcción de una nueva institucionalidad, contó con una buena parte de las condiciones, tanto por el marco jurídico, (que si bien no es óptimo, sí lo evaluamos como un buen marco para el desarrollo de las competencias), como en relación con el sistema político, que no ha interferido en nuestras definiciones, más allá de manifestaciones individuales, siempre a título personal, de algunos pocos actores del sistema.

En aquellos aspectos que consideramos que debieran adecuarse del marco normativo, hemos elaborado una propuesta de modificación del decreto Nº 30592 de la JDM, producto de la aplicación del mismo en estos 6 años.

Creemos también haber actuado en el escenario de la autonomía e independencia que nos brinda y nos exige el marco jurídico y los principios morales y éticos que dan sostén a toda Defensoría, pues es desde ahí de donde parte la construcción de una autoridad legitimada para observar y proponer cambios, siempre centrado en la defensa de los derechos de los ciudadanos con total independencia de cualquier otro interés.

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