Ley obligará a conectarse al saneamiento y establece multas

La nueva norma establece multas que equivalen al 100% de la factura de agua para quienes no se conecten. Además, prevé delitos y penas de prisión.

 

Una nueva ley establece la obligatoriedad de la conexión al saneamiento, dispone multas para quienes no lo hagan y penas de hasta dos años de prisión para quienes lo hagan de forma irregular.

La organización de las Naciones Unidas considera al saneamiento un derecho humano esencial. En Uruguay la cobertura aún es parcial y de hecho en algunas localidades del interior llega sólo al 15% de los hogares.

Para lograr que los ciudadanos se conecten al servicio el Parlamento aprobó la Ley 18.840, que establece su obligatoriedad para todos los propietarios y promitentes compradores de inmuebles.

Para quienes tienen acceso a la red el plazo de conexión es de un año y para quienes accedan próximamente, de dos. "Vencido ese plazo van a tener una multa que corre todos los meses, equivalente al 100% de la factura de agua. Y en los casos en que no hay servicio de agua, de acuerdo a una evaluación que se hará por los servicios técnicos", explicó el vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte.

Además, se prevén como delito algunas conductas que perjudican en forma seria la parte ambiental y de salubridad del país, para las cuales se disponen penas de 3 a 24 meses de prisión.

El trámite consiste en realizar la solicitud ante la Intendencia de Montevideo o las oficinas de OSE en el interior.

Habrá posibilidad de financiar en hasta 36 cuotas el costo o de obtener un subsidio parcial o total para ciudadanos de bajos recursos. El objetivo del gobierno es lograr en el quinquenio las 30.000 conexiones, alcanzando este año las primeras 6.000.

TARIFA DE SANEAMIENTO AUMENTA 5,6%. La tarifa de Saneamiento que se cobra a los propietarios de bienes inmuebles en Montevideo sufrirá un incremento de 5,6% a partir del 1º de febrero, informa en su sitio web la Intendencia de Montevideo.

La Intendencia recuerda que el contrato del préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo en diciembre de 2006 para la ejecución del Plan de Saneamiento Urbano - Etapa IV, establecía la necesidad de medidas de ajuste tarifario en función de los resultados de los análisis financieros efectuados en oportunidad de la firma del contrato.

La propuesta fue aprobada por la intendenta interina María Sara Ribero este lunes en el marco del acuerdo semanal de gobierno de la Intendencia.

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