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Lacalle Pou dispuesto a dar votos para que gobierno apruebe TLC con Chile

Tabaré Vázquez instruyó al nuevo vicecanciller Ariel Bargamino que trabaje en el acuerdo parlamentario. Parte del FA rechaza la aprobación

16 de octubre de 2017, 08:36hs

El líder blanco Luis Lacalle Pou ofreció sus votos al gobierno para votar el Tratado de Libre Comercio con Chile, algo que algunos sectores del Frente Amplio -Partido Comunista y una parte del Partido Socialista- no están dispuestos a apoyar. El TLC se firmó en 2016 pero no fue aprobado en el Parlamento.

En un encuentro desarrolllado en Flores, el líder del sector "Todos" dijo estar dispuesto a buscar un acuerdo en ese sentido.

Según informa El País, el presidente Tabaré Vázquez designó al nuevo subsecretario Ariel Bergamino -hombre del cerno del mandatario- para que realice contactos a nivel parlamentario.

En su discurso Lacalle Pou criticó la gestión en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) investigada por el Parlamento. También se refirió a Ancap. "Cuánto más dinero hubiera entrado a los bolsillos de los uruguayos por bajar los combustibles", se preguntó.

Dijo que "la falta de transparencia del Frente Amplio" trajo como consecuencia "actos irregulares y de corrupción que castigan a los uruguayos, en especial a lo que menos tienen".

El senador criticó la escasa información existente sobre el acuerdo con UPM que se firmará esta semana. "Npo es de recibo decir que se va a informar después de que está todo cocinado", aseguró.

"Hay cosas que el gobierno ya no va a hacer. No va a reformar la educación. No va a generar una seguridad pública real", dijo y pidió que lo que queda de gestión "sea transparente".

Apuntó en ese sentido al ministro de Economía Danilo Astori, a quien responsabilizó del "derroche" del gobierno. Tiene un "posgrado en irresponsabilizarse", comentó el senador.

EL TLC CON CHILE

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile es un documento de 300 páginas dividido en 20 capítulos. Los puntos claves del acuerdo son la sventajas para la industria del software, normas laborales y derechos de autor.

El acuerdo se afirmó en 2016, pero nunca pudo aprobarse por la negativa de algunos sectores del oficialismo.

En su momento el canciller Nin Novoa explicó que el tratado “completa” el Acuerdo de Complementación Económica número 35 que ambos países suscribieron en 1996, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración

Sobre la oposición del PIT-CNT a la firma del acuerdo, Nin dijo que la central tendrá sus motivos pero que el capítulo sobre normas laborales protege los estándares de Uruguay.

“Los trabajadores uruguayos no van a perder absolutamente ningún derecho”, afirmó.

El software será uno de los sectores beneficiados por el TLC con Chile.

Alexandra Ongai, gerenta de Internacionalización de CUTI, informó a la diaria en octubre de 2016 que Chile es el sexto destino de las exportaciones de software de Uruguay y que ese país cobra 15% por concepto de retenciones al software uruguayo.

Según informó Nin, el acuerdo prevé “una libertad de intercambio con un pequeño gravamen”. Al mismo tiempo, Uruguay cobra 12,5% al software chileno.

Otro punto polémico es que el acuerdo impulsará el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes [TCMP]”.

El TCMP es un acuerdo que facilita el patentamiento y, por lo tanto, tiene como efecto un incremento en la solicitud de patentes

En la parte de las definiciones se establece que se entiende por propiedad intelectual “derechos de autor y los derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, y protección de información no divulgada”.

El capítulo sobre liberalización de servicios, que constituye la mayor novedad del acuerdo, se aplica a todos los servicios, con excepción de los servicios financieros, la contratación pública, los “servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”, los “subsidios o donaciones otorgados por una parte o una empresa del Estado, incluidos préstamos, garantías y seguros apoyados por el gobierno”, y los servicios de telecomunicaciones.

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