La difícil relación de los gobiernos frenteamplistas con los tragamonedas

Sus buenos contactos en las altas esferas quedaron de manifiesto durante una interpelación en octubre de 2016 durante una interpelación al ministro Bonomi.

El senador Bordaberry cuestionó los vínculos entre "Jorgito" y la esposa del ministro.

En su momento, el secretario de Estado respondió que Rivero integró listas de blancos y colorados en elecciones anteriores.

Lo cierto es que Rivero visitó al menos 14 veces el despacho de la diputada Pereyra entre abril y diciembre de 2016.

El exreferente se alejó de la barra luego de una serie de incidentes a balazos protagonizados por distintos grupos de la hinchada.

Desde entonces, su actividad más importante ha sido gestionar 23 slots barriales, diez pooles y algunas rocolas.

Una foto publicada en la edición de Búsqueda muestra a Jorge Rivero en una "tenida" de la Cámara Uruguaya del Juego y el Entretenimiento con autoridades del Ministerio del Interior.

Consultado por esto, "Jorgito" respondió: "me encanta sacarme fotos" y ofreció a los cronistas fotos con Maradona, Infantino (presidente de FIFA), con Tyson, Sanguinetti y "Lacalle chico".

"Tengo fotos con todos los que quieras", destacó para graficar sus buenas relaciones.

ENTRE PROHIBIR Y REGULAR

Los tragamonedas son un próspero negocio que la dirección de Loterías y Quinielas quiere prohibir.

Se estima que hay 30.000 máquinas en los barrios, cinco veces más que los slortos habilitados en casinos.

Según estimaciones, mueven 170 millones de dolares año.

En cambio los "maquineros" reconocen 20.000 tragamonedas y una recaudación de 60 millones de dólares anuales. Estas cifras están estabilizadas desde hace un lustro.

Actualmente es una actividad que no está prohibida en forma expresa.

En el Ministerio de Economía se considera una "actividad delictiva". Sin embargo, es una actividad que se mueve en una zona gris ya que no hay una norma que regule o que prohíba.

En los últimos tres períodos de gobierno, ningún proyecto superó la etapa de discusión dentro de la comisión parlamentaria.

Segun Búsqueda, esto se be -aunque sea en parte- al lobby de los maquineros que trasciende las fronteras partidarias.

En su primer gobierno, Tabare Vazquez fracasó en su intento de prohibirlos.

Con su firma y la de los ministros Astori (Economia) y Bruni (Interior) envió un proyecto al Parlamento en 2009 que solicitaba penar con prisión la actividad.

Se argumentaba la falta de controles y la rápida diseminación en todo el país de los tragamonedas.

La izquierda siempre tuvo una relación conflictiva con los juegos de azar, pero en este caso se señalaba los peligros de la adulteración de las máquinas y los perjuicios que podría generar en la población el juego fuera de control, así como los peligros de la adicción que conlleva.

El oficialismo contaba con mayoría absoluta. Entonces, recuerda Búsqueda, un grupo legisladores elevó una carta al poder Ejecutivo solicitando que la actividad fuera regulada, pero no prohibida.

Entre los firmantes estaban Enrique Pintado, Gustavo Bernini, Edgardo Ortuño, Diego Cánepa y Javier Salsamendi.

Durante el gobierno de Mujica el tema perdió su carácter prioritario. En 2012, el gobierno evaluó la posibilidad de presentar un proyecto para habilitar un máximo de tres máquinas por bar o almacén a cambio de un canon mensual.

Se decidió descartarlo luego que el expresidente Vázquez, candidato del oficialismo, pusiera reparos a esta reglamentación.

En 2014, el gobierno de Mujica volvió sobre el tema con un proyecto que daba potestades a la Dirección de Casinos para habilitar juegos de azar.

Los maquineros protestaron ante esta eventualidad y decidieron afianzar sus contactos políticos.

Según Búsqueda, "Jorgito" Rivero resultó fundamental en ese logro.