Ancap deberá pagar 7.1 millones de dólares a la multinacional de intermediación financiera Exor por incumplimiento de contrato, informa El País.
Justicia obliga a Ancap a pagar a la intermediaria Exor US$ 7.1 millones
Esta empresa reclamó por incumplimiento de contrato en dos operaciones de cancelación de deuda con Petróleos de Venezuela
Durante la gestión de Sendic se firmaron las dos operaciones con Exor. La gestión para cancelar deudas pasó a un acuerdo entre gobiernos para compensar la entrega de petróleo a cambio de producción uruguaya de sectores como el lácteo, carnes y otros.
La justicia de lo contencioso administrativo lo resolvió tras analizar la declaración de ambas partes y el contrato suscrito en 2014.
Dos operaciones de cancelación de deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue el disparador del conflicto.
La primera fue por 700 millones en el año 2012 y la segunda por 321 millones en 2014.
Según el fallo, en el primer negocio Exor quedó afuera, en tanto en el segundo se firmó un acuerdo de servicios con Ancap que incluía una multa por incumplimiento.
Esta multa era equivalente al 1.75% de la deuda a cancelar.
El fallo del magistrado Waldemar Aguirre entiende que un acuerdo o un contrato de transacción "tiene fuerza de cosa juzgada".
En su momento, el gobierno firmó dos convenios con Venezuela donde se pactó un mecanismo para compensar deudas con productores uruguayos. Este hecho fue el que dejó afuera del negocio a Exor.
Durante el desarrollo del juicio, el director de Servicios Jurídicos de Ancap, Leonardo Bianchi, sostuvo que, si Exor sufrió daños y perjuicios, los mismos no son imputables al ente sino al Poder Ejecutivo".
Por este caso fueron citados a declarar entre otros el expresidente de Ancap Raúl Sendic y y el exgerente general, José Coya.
EL ESTADO ENFRENTA VARIOS JUICIOS
Además de esta demanda, el Estado uruguayo afronta otros juicios de gran porte.
En la víspera se divulgó el que le inició Hyundai de Corea a UTE por incumplimiento de contrato. La multinacional entiende que la alta conflictividad gremial conspiró con los altos costos de la central de ciclo combinado que construyó en Delta del Tigre.
La demanda es por 332 millones.
También la firma minera Aratirí inició un juicio por 3.536 millones al considerarse lesionada por un cambio de reglas de juego establecidas por la nueva Ley de Minería aprobada con posterioridad de la firma del contrato entre ambas partes.
Zamin Ferrous, la empresa india casa matriz de Aratirí, formalizó el 3 de julio una demanda internacional ante la comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.
La tercera demanda importa corresponde a la firma neoyorquina Italba Corporation presentada en noviembre de 2017 en un conflicto por la concesión de un servicio de banda ancha.
El contrato con la subsidiaria Trigosul había sido firmado en el año 2000.
Esta empresa se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi).
Ursec determinó que existían irregularidades en el funcionamiento de la empresa y se le revocó los permisos.
Según el grupo empresarial, esta decisión contravino el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Estados Unidos.
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