Jueza procesada dijo que sustrajo dinero "porque era coaccionada"

Si bien se requería de la firma de algunos de ellos para retirar dinero, Damasco les quitó culpas argumentando que ella "había abusado de la confianza" de sus funcionarios.

Fuentes del caso dijeron al semanario Búsqueda este jueves que "es muy poco creíble" la explicación de Damasco, hasta hace pocas horas presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

La jueza solamente explicó que el dinero sustraido no lo usó en "beneficio propio" y que no tiene bienes a su nombre.

La investigación comprobó este hecho y que la imputada tiene deudas por 500.000 pesos, según informó el diario El Observador.

Damasco, viuda y madre de cuatro hijos, era jueza desde 1989. Ocupó cargos en Rocha, Florida y Montevideo, en donde cobró notoriedad como titular del juzgado penal de 14° turno.

Desde 2009 trabajaba en el Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno. Se trata de una funcionaria de destacada trayectoria, que ha recibido varios reconocimientos de su gremio (foto), del cual fue presidenta en dos ocasiones.

La ex jueza jamás había mencionado amenazas en su contra ni siquiera al asumir la titularidad de la gremial de jueces. Ni siquiera lo hizo el martes, cuando renunció al cargo, coincidiendo con el primer día de interrogatorios por parte del juzgado penal de crimen organizado.

Damasco tuvo entre manos casos complicados de narcotráfico como las operaciones "Campanita" y "Pájaros Pintados" en las que se vieron involucrados funcionarios públicos.

De todos modos, la comunidad judicial se pregunta cómo Damasco, de 51 años, una jueza inflexible y de larga competencia, no sabía que sería atrapada por sus sucesores en el juzgado penal en el que ella estuvo a cargo.

La ahora procesada sabía que las defensas de sus procesados iban a reclamar el dinero incautado en los distitnos operativos policiales.

 Damasco había sido la jueza de casos de alto perfil. Dentro de las cárceles hay muchos delincuentes que fueron procesados por ella. Por esa razón fue enviada a una unidad policial en forma provisoria mientras se termina de sustanciar su expediente.

El impacto que generó su encarcelamiento tuvo alcances emotivos. El juez del crimen organizado, Jorge Díaz, visiblemente afectado por el caso, se tomó unos segundos antes de confesar: "para mí hoy es un día muy difícil y muy duro para todo el Poder Judicial".

El titular del Juzgado del Crimen Organizado dijo que el caso "nace con la actuación de otro magistrado; acá no hubo una denuncia de un particular, sino que existió una magistrada (Adriana de los Santos) que detectó irregularidades en un expediente, que realiza una investigación administrativa, pone en conocimiento esos hechos al Juzgado competente y ese Juzgado pone rápidamente en curso las actuaciones. Esto significa que el sistema se autosaneó y esto para mí es muy importante dejarlo en claro".

Por otro lado, el magistrado dijo que con  este procesamiento, "hemos dicho que no nos importa el nombre, el cargo, el poder, el dinero o la fama de la persona a investigar; si hay hechos con apariencia delictiva, se investigan, se procesan y se condenan", dijo Jorge Díaz.

PENA MÍNIMA UN AÑO. La ministra del Tribunal de Apelaciones, Dra. Anabella Damasco, fue procesada con prisión y se le tipificaron siete delitos de peculado en reiteración real. "El peculado es la apropiación indebida del funcionario público", dijo el Dr. Díaz y ejemplificó algunas de las maniobras cometidas. Por ejemplo, se recibe dinero de un allanamiento policial y ese dinero no se deposita donde corresponde, es decir en una cuenta judicial en el Banco República. "Esta modalidad la detectamos en tres casos concretos", dijo Díaz.

Otra de las modalidades detectadas era depositar ese dinero en el Banco República en una cuenta judicial pero librando órdenes de pago posteriores a cuentas personales o de terceros.

Las maniobras detectaron irregularidades por 4.000 euros por un lado: 9.000 dólares en otro caso y a través de la Operación Campanita, 10.000 euros en un caso y 25.000 dólares en otro. En total, las maniobras suman 55.000 dólares.

El delito de peculado tiene una pena mínima de 1 año. "La calificación delictual es provisoria y reformable en cualquier etapa del procedimiento". Ante la consulta respecto a si la procesada devolvería el dinero, el Dr. Díaz dijo que "la reparación del mal es un atenuante; lo puede hacer o no. El Estado puede demandar y reclamar el perjuicio que sufrió, pero esos son cuestiones sobre las cuales no me corresponde intervenir".