Impugnación a decreto de Mujica no detiene apertura de las causas

Con las impugnaciones los militares pretenden al menos retrasar esas aperturas  y así llegar hasta noviembre, momento en que los delitos prescriben.

Sin embargo, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo este viernes que las impugnaciones no detendrán la apertura de las causas. Desde el momento en que estas se reabran, la prescripción queda en suspenso.

"Esa impugnación no tiene efectos suspensivos", dijo Breccia a radio El Espectador. "Tenemos detrás de esta decisión - muy meditada- jurisprudencia conteste que podemos hacer eso", señaló el jerarca.

PLEBISCITOS NO LEGITIMAN, DICE MUJICA. La norma firmada por Mujica, se basa en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga a Uruguay a "garantizar que la ley de Caducidad (...) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos".

El decreto recuerda que el fallo establece que "las autoridades deben abstenerse de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo".

El gobierno admite que la ley en cuestión fue aprobada por un régimen democrático y ratificada en dos oportunidades por la ciudadanía, pero basado en la CIDH establece que "ello no ha legitimado" el proceder del Estado uruguayo ante la Justicia internacional.

ARGUMENTACIÓN. "¿Por qué el decreto? Sencillamente porque se plantea de sacar otra ley. Se empieza a discutir y todo eso y estamos convencidos que si la Justicia tiene algo que laudar que lo laude lo más rápidamente posible".

Así, con esa frase, el presidente José Mujica explicó el decreto  que dejó en manos de la Justicia más de 80 crímenes cometidos durante la dictadura militar que estaban protegidos por la Ley de Caducidad.

De este modo el gobierno abre el juego para que estos casos pudieran ser efectivamente juzgados.

Hasta el momento, la Justicia abordó casos exceptuados por el artículo 4 de la Caducidad, por los que hoy están procesados 27 civiles, policías y militares. La mayoría de ellos están en la Unidad Militar 8 de Domingo Arena. Por ellos fueron, entre otros, procesados los ex dictadores Juan Bordaberry y Gregorio Álvarez. En el caso del teniente general (r) se le procesó por 39 desapariciones forzadas.

También hay otras causas en curso, también fuera de la Caducidad, las 29 desapariciones investigadas por la Fundación Benedetti (integran la "megacausa" de Bordaberry), el caso Ramón Peré (acaba de ser procesasdo Tranquilino Machado), el caso del maestro Julio Castro y la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos en el Penal de Libertad en 1981. 

Al revocar los actos administrativos firmados por los presidentes Julio Sanguinetti y Luis Lacalle, el presidente desanda el debate interno en el partido gobierno que produjo el fracaso parlamentario por la no aprobación de la Ley interpretativa, cuyo objetivo era anular la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Como un primer paso, en las horas previas a la discusión parlamentaria por la anulación de la Caducidad, Mujica revocó el acto administrativo correspondiente al caso del militante comunista Álvaro Balbi, asesinado en 1975. Fue un gesto político para el PCU, principal promotor de la anulación, y en particular de la viuda de Balbi, Lille Caruso.

El mecanismo que suscribirá Mujica permitirá que cada uno de los más de 80 casos sean derivados a los juzgados correspondientes, y sean investigados caso a caso.

También distiende la presión de las organizaciones de derechos humanos que reclaman una respuesta ante las dudas respecto al plazo en el que esas causas se vencen. 

En principio la fecha límite para la reapertura de los casos es el 1° de noviembre.  Si luego de esa fecha, los jueces siguen indagando y citando a militares, los abogados defensores podrán presentar recursos para plantear que las causas están prescritas.

Para la Suprema Corte el delito aplicado a las causas de derechos humanos es homicidio muy especialmente agravado.

Ese delito prescribe a los 20 años pero como no se computan los años de la dictadura, se contabiliza a partir del 1 de marzo de 1985 y se le suman seis años y ocho meses por tratarse de homicidios agravados.