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Conflicto por los fraccionamientos en Ciudad del Plata genera demanda penal

Intendencia de San José y Ministerio de Vivienda salen en defensa de vecinos que han sido desalojados.

Vecinos de Ciudad del Plata -exRincón de Bolsa, San José- denunciaron a una inmobiliaria que, en base a supuesta información privilegiada, se apropiaría de terrenos y viviendas que tienen atrasos en el pago de impuestos, o cuyos propietarios no han formalizado los títulos de propiedad pasado el plazo límite de 35 años. La información fue publicada por Brecha.

Al parecer en esta localidad que casi triplicó su población en pocos años son muchos los casos de las personas que están en esta situación.

El Ministerio de Vivienda y la Intendencia de San José recibieron unas 30 denuncias y han decidido iniciar una demanda penal para determinar responsabilidades.

José Luis Falero, jefe comunal maragato, confirmó que ambas instituciones presentaron una demanda penal al constatar que hay organizaciones que venden los terrenos más de una vez.

Los damnificados también se presentaron en el Parlamento.

Según publica Brecha, las denuncias apuntan al abogado, empresario inmobiliario y dirigente colorado Artigas González Samudio.

González Samudio se comunicó con Subrayado y aclaró que él actúa como abogado en algunos casos pero que no opera como inmobiliario. Dijo que todos los desalojados no son "propietarios" sino que son "ocupantes".

El informe de Brecha, sin embargo, apunta directamente al abogado e inmobiliario.

Señala que detrás de este conflicto hay una "organización" -en supuesta complicidad con funcionarios de la comuna de San José- detectan qué propiedades no pagan contribución inmobiliaria o no tienen los títulos de propiedad para luego litigar contra sus ocupantes y lograr el desalojo.

También, accediendo al Catastro, saben qué propiedades pertenecen a empresas que ya no existen o no fueron debidamente liquidadas. Pagan -refinancian- los impuestos y se hacen de los activos. Posteriormente los ponen a la venta y en general los beneficiarios son personas cercanas al grupo que ideó la maniobra.

El mecanismo de la "prescripción adquisitiva treintenaria" está previsto en el orden jurídico uruguayo. Lo que sí estaría penado por la ley es el acceso privilegiado a la información.

En el informe, el semanario toma testimonio a Reynaldo Braida, un exchofer de Cutcsa que reside en la zona desde 1980. Actualmente mantiene un litigio con dicha inmobiliaria por dos solares (14.000 metros cuadrados) que adquirió para convertir en una chacra.

Su caso es otro de los previstos dentro de la prescripción adquisitiva.

Por falta de dinero, Braida dejó para más adelante la incripción catastral y la gestión de los títulos de propiedad

Hace poco fue notificado que su terreno había sido adquirido por Estela Domínguez, esposa del hijo de González Samudio.

La operación es por 11 terrenos en el fraccionamiento Saficci por 2.000 dólares. Ciudad del Plata esá compuesto por 18 fraccionamientos o barrios.

"Los compraron como baldíos y libres de ocupantes", dijo quien se considera un "damnificado.

Braida señala que los documentos originales establecen la firma de la tesorera de la financiera Safici, empresa que en su momento fuera propietaria de terrenos en toda la ciudad.

Este ciudadano se unió a los otros propietarios de los 11 padrones en litigio, mientras se sustancia el pedido de desalojo.

Javier Figueroa, otro de los demandantes, explica que al no inscribirse como propietarios en el registro, pasados los 35 años caduca la promesa los terrenos vuelven a Safici. Es lo que ha pasado a personas que, incluso, le compraron los terrenos directamente a la inversora original.

La inmobiliaria González Samudio, dijo Figueroa, compró la documentación de la financiera desaparecida. En algunos casos ha logrado desalojar, y en otros volver a vender el terreno que ya había sido comprado.

"Al juez le importa la escritura, es muy difícil no buscar una forma de arreglar", aseguró.

Figueroa dijo que el trámite de derecho posesorio sale unos 4.000 dólares. Este documento es el que consagra la prescripción adquisitiva, el que avala que durante 35 años el titular pagó los impuestos y por lo tanto tiene derecho a ser el propietario.

Una escritura judicial que avale que es el dueño del terreno cuesta 6.000 dolare sy lleva unos 3 años.

"Si esta gente te dice dame 4.000 o 5.000 dolares arreglás con ellos. Incluso por consejo de los abogados".

Tanto Figueroa como Braida reconocen que todo está en el terreno de las incertidumbres.

Si se logra comprobar que la escritura que la inmobiliaria dice haberle comprado a la desaparecida financiera no es válida, las cosas podrían ponerse difíciles por nuevos motivos: "esa gente que volvió a arreglar con ellos para no tener que ir a juicio se puede quedar sin nada"

El caso de Figueroa viene de familia. Su padre fue desalojado de un terreno cuya contribución inmobiliaria comenzó a pagar desde 1962, el año en el que ocupó la propiedad.

Según el demandante, hacía diez años que el lugar estaba completamente abandonado.

El 1° junio de 2017, fueron desalojados del lugar, pese a que se presentaron testigos de los años que estaban en la zona y los comprobantes de gastos de las viviendas que se levantaron en la propiedad.

El padre de Figueroa nunca hizo el trámite de prescripción treintenaria. Esperaba juntar los 4.000 dólares para los papees de derecho posesorio. Sin embargo, en medio de esa situación apareció la inmobiliaria con su escritura y su demanda de desalojo.

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