Amado propone penar con cárcel a falsas encuestadoras de opinión pública

La iniciativa también castiga a quienes contratan una encuesta de opinión pública a sabiendas que no se realizaron los trabajos de campo correspondientes.

Además, “castigase con la misma pena a aquellos que paguen o soliciten informes de opinión pública a sabiendas que el mismo no es efectivamente realizado”.

“No se encuentran comprendidos en el tipo penal aquellos realizados por medios masivos de comunicación o a través de herramientas informáticas siempre que se establezca expresamente que su resultado no es un estudio profesional de opinión pública”.

Amado asegura en la exposición de motivos de su proyecto de “Protección del Sistema de Encuestas” al que accedió Subrayado, que “Uruguay es un país que puede sentirse orgulloso por la academia, empresas consultoras y profesionales que brindan servicios de encuestas políticas y de opinión pública”.

“Estos profesionales y empresas, en general, y más allá de errores naturales de una actividad tan compleja, han demostrado profunda seriedad y profesionalismo, sin perjuicio de los perfiles particulares”, agrega el documento.

“En los últimos tiempos hemos detectado, con gran alarma, como el gran capital ingresa a la política y con él, parece que ingresan encuestas que desean marcar la agenda y generar opinión pública”.

Amado asegura que “este proyecto no intenta regular, de manera alguna, a los profesionales y empresas encuestadoras”, sino que busca “penalizar la actividad del fraude, de la mentira, del engaño”.

Y cuestiona: “como puede ser que una persona sin empresa, sin personal, sin empresas contratadas, sin estructura alguna de naturaleza alguna haga una encuesta a nivel nacional y departamental”.

“Este proyecto únicamente penaliza directa y específicamente la estafa a la opinión pública y los medios de comunicación”, dice el documento.

Fotos: Silvana Goicoechea.