El hincha de Nacional y funcionario de seguridad del club procesado sin prisión el viernes por dos delitos de receptación (tenía 33 banderas de Peñarol robadas en su casa), evitó en el juzgado involucrar a otros funcionarios de la institución y especialmente a miembros de la Comisión de Seguridad.
- Nacional >
Hincha de Nacional procesado evitó involucrar a funcionarios del club
Según el auto de procesamiento, dijo que las banderas las llevó a su casa después de lo ocurrido en Santa Lucía. Tareas comunitarias por 90 días.
Así lo deja de manifiesto la jueza Dolores Sánchez en el auto de procesamiento de F.G.P.G., de 30 años.
“El indagado declaró que luego de los incidentes de Santa Lucía, arregló para que le llevaran a su casa -negó decir quién o quienes- un bolso con más de 30 banderas del Club Peñarol, con la finalidad de cortar las provocaciones con el club rival, y que iba a incinerar. Y que tal extremo era desconocido por los integrantes de la Comisión de Seguridad”, escribió la magistrada en su fallo.
El presidente de Nacional José Luis Rodríguez y el presidente de la Comisión de Seguridad del club Víctor Della Valle, admitieron que es posible que las banderas de Peñarol estuvieran en la sede tricolor antes de lo ocurrido en Santa Lucía, el 28 de setiembre de 2016.
“Preguntado sobre el origen de las mismas (las banderas), dijo desconocerlo, pero que suponía eran robadas, aunque no sabía por quiénes”, agregó Sánchez.
La bandera de Peñarol que el ahora procesado llevó el martes 23 al Gran Parque Central en el partido con Lanús por Copa Libertadores, era robada y las autoridades ubicaron al dueño.
De acuerdo a su declaración, el hincha y funcionario de Nacional (le pagaban unos 1.000 pesos por partido para colaborar en la seguridad) llevó esa bandera al partido con Lanús porque sabía que era valiosa para la hinchada de Peñarol.
Según el dictamen de la fiscal Mónica Ferrero, para ingresarla al Parque Central contó con la colaboración de otros integrantes de la seguridad del club, aunque después se le pidió que la sacara.
El procesamiento fue sin prisión, “en virtud de que el delito imputado y sus circunstancias hacen presumir que no habrá de recaer pena obstativa, ni habrá de sustraerse a la sujeción penal, ni obstaculizará su desarrollo”, dice la jueza.
La magistrada le impuso como medida alternativa la obligación de realizar trabajo comunitario por un plazo de 90 días.
Fallo Jueza Sánchez by SubrayadoHD on Scribd
Dejá tu comentario