Cambio profundo en la recaudación

    La recaudación del IRPF subió 22% en términos reales en los primeros 4 meses del año por la suba de los salarios, el aumento de tasas y la reducción de deducciones.

    La recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) subió 22% en términos reales en los primeros 4 meses del año, en comparación con el mismo período del año pasado, por la suba de los salarios y –principalmente- por el aumento en las tasas y la reducción de las deducciones, dispuestas en el marco del ajuste fiscal del año pasado. Esto impulsó la recaudación total, que aumentó 5% real en el primer cuatrimestre. En lo que va del año, 1 de cada 5 pesos recaudados por la DGI correspondió a impuestos a la renta personal (IRPF, IASS, IRNR).

    La recaudación del Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE) también aumentó, pero en forma más modesta: 4%. La tasa de IRAE no aumentó en el último ajuste (tampoco parece que haya aumentado significativamente la renta empresarial), pero se dispusieron modificaciones en la aplicación del impuesto que apuntan a recaudar más: se eliminaron fictos patronales, se acotó la deducción de pérdidas y se incorporó la distribución automática de utilidades (sobre las cuales se aplica un 7% de IRPF, lo que sumado al 25% del IRAE da 30% de impuesto a la renta empresarial). La mayor parte de estas disposiciones tendrán efecto positivo en la recaudación, pero recién a partir de los próximos meses y –principalmente- hacia el año que viene.

    La recaudación de IVA, por el contrario, aumentó menos de 2%. Hay que recordar que las compras con tarjeta de débito pagan solo 18% de IVA (4 puntos menos que la tasa corriente) y el uso de débito es cada vez mayor. La recaudación de IMESI (el otro impuesto indirecto) subió casi 9%, principalmente por el aumento en el IMESI al tabaco y al combustible. De esta forma, la recaudación de impuestos a la renta (IRAE, IRPF, IASS) pasó a representar el 38% de la recaudación total, algo que no tiene antecedentes en la historia del Uruguay.

    Es un cambio profundo en la forma en que se financia el Estado: tal como era el objetivo de la Reforma Tributaria de 2007, los que ganan más están pagando mucho más, particularmente los que tienen ingresos por trabajo. Podrá decirse –con razón- que el actual IRPF se ha alejado de un impuesto a la renta real: las deducciones ya eran acotadas (en aras de una razonable simplificación del impuesto) y ahora se han restringido más, ya no por simplificar, sino para recaudar más. De todas formas, se acerca más a la renta que un impuesto bruto a los ingresos.

    Así, los que más ganan están financiando buena parte de los subsidios y apoyos a los que ganan menos, un efecto de redistribución buscado y cada vez más fuerte. Sin embargo, la devolución que el Estado hace a esos ciudadanos deja mucho que desear, en particular en áreas básicas como seguridad, salud y educación, donde las familias de mayores ingresos (además de pagar más), tienden a pagar de su propio bolsillo estos servicios. Una suerte de “doble carga” que achica el ingreso disponible, cuando no lo elimina totalmente. 

    Sin incorporar demasiado los nuevos datos de la recaudación, algunos sectores del Frente Amplio plantean la necesidad de aumentar (otra vez) los impuestos, particularmente de la renta empresarial y al capital (impuesto al patrimonio). No hay ningún pecado en plantear modificaciones tributarias, que impliquen subir (o bajar) impuestos. Pero hay dos temas que no se pueden soslayar. Por un lado, que los impuestos no son independientes entre sí, hay una estructura global que debe ser coherente; la Reforma del 2007 tenía este concepto claramente incorporado.

    Por otro lado, las variaciones en los impuestos tienen impacto obvio en la economía: aumentar la carga tributaria puede afectar negativamente la actividad. Es precisamente esto lo que hay que evaluar: la economía está con una modesta recuperación, pero con empleo en baja y con serios problemas de competitividad. En ese contexto, se está aplicando un ajuste fiscal –definido el año pasado- cuyo impacto habría que evaluar antes de proponer nuevos cambios.

    Finalmente, hay que tener en cuenta que el gasto estatal (destino de los impuestos que se recaudan) ha tenido un aumento significativo en los últimos años, con una incidencia cada vez mayor en la economía (pasó de menos de 30 a cerca de 35% del PBI). Y es un gasto que –entre otras cosas- incluye un mínimo porcentaje de inversiones. Dicho en general, más que aportar a la competitividad del país, la complica. Por eso, antes que proponer aumentos tributarios, es imprescindible revisar el gasto.

    No hay pecado en modificar impuestos. Lo que es un pecado es no ver la realidad.

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