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UTE, ANCAP y el costo de la energía

La economía uruguaya está mostrando síntomas de reactivación. Son mejoras moderadas pero apreciables: la industria crece entre 1 y 2%, tuvimos una buena temporada turística y las exportaciones suben, mientras el consumo también mejora, al menos en algunos rubros. Pero hay un lado preocupante: la competitividad flaquea, pues el dólar está muy bajo y –si bien ayudó mucho a bajar la inflación- vuelve al Uruguay muy caro para competir en el mundo.

Para mitigar esto es imprescindible bajar costos. Es lo que todos los días hacen las empresas, revisando presupuestos, invirtiendo en nuevas maquinarias, etc. El Estado a través de sus empresas debería hacer lo mismo, en particular en los costos de la energía, pero ha hecho lo contrario: las tarifas aumentaron al comienzo del año y están ostensiblemente altas en una comparación internacional razonable. ¿Por qué?

Aquí creo que es relevante separar los tantos, pues no es lo mismo la situación de UTE que la de ANCAP. Diría que son casi polos opuestos.

Durante la primera administración de Vázquez, UTE enfrentaba un panorama crítico: la sequía obligaba a generar electricidad en base a combustibles, justo cuando el petróleo subía. Las tarifas aumentaban y el panorama financiero se volvía cada vez más difícil. La propia ANCAP financió el combustible a UTE para superar el trance. Pero se tomaron decisiones virtuosas: se creó un Fondo de Estabilización para evitar situaciones críticas, se definieron inversiones para tener mayor capacidad de generación y –en lo que tal vez fue la decisión estratégica más relevante- se decidió impulsar la incorporación de energía eólica, renovable, en la matriz energética nacional, convocando a inversores a través de atractivos contratos de compra. La respuesta empresarial fue contundente y hoy hay molinos eólicos con una potencia instalada de más de 1.000 MW, que serán cerca de 1.500 MW el año próximo.

Así, hoy Uruguay genera más de 90% de su energía con fuentes renovables (las tradicionales represas, los nuevos molinos eólicos, la biomasa de las plantas de celulosa y la incipiente energía solar), lo que constituye un avance ambiental destacado. Además, el costo de generación ha bajado. ¿Y las tarifas? No, porque si bien UTE podría disponer de una reducción, desde el gobierno se le exige que transfiera más dinero a Rentas Generales, para cubrir el déficit fiscal.

En 2016 fueron U$S 220 millones. Si no fuera por esto, hoy toda la economía –no solamente algunas industrias- tendría tarifas eléctricas menores y con mejor calidad ambiental. Competitividad y sostenibilidad. Pero los excesos fiscales impiden que las virtudes del sistema eléctrico luzcan mejor para los ciudadanos.

El caso de ANCAP es diferente: en los últimos 10 años protagonizó un proceso de expansión que excedió todos los límites, financiado con petróleo venezolano a crédito. Los objetivos eran múltiples: mejorar y expandir la refinería, introducir los biocombustibles (mandato legislativo), expandir la producción de portland, aumentar su flota de transporte, etc., etc.. Eran años de una expansión económica sin antecedentes y las ventas crecían a zancadas. Se perdió la brújula y se perdieron millones, porque esas inversiones no tuvieron el retorno esperado.

Hubo serios problemas de gestión y –al final de la historia- estamos con los combustibles caros, porque hay que cubrir esas millonarias pérdidas. Todo esto dicho más allá de las denuncias judiciales, sobre las que se pronunciarán los jueces.

Así, o porque ANCAP tuvo grandes pérdidas que hay que cubrir o porque UTE tiene que transferir millones al fisco, estamos con precios de la energía mucho más caros de los que podrían ser. Esto no es otra cosa que una transferencia de los ciudadanos y las empresas a los ámbitos más ineficientes del Estado: a ANCAP, que perdió y perdió sin control, o a un Presupuesto desequilibrado, en buena medida por gastos excesivos que no se cubren con la recaudación. Una injusticia que debería terminar. 

El objetivo de las empresas estatales energéticas debería ser trasladar a los usuarios un servicio confiable, de calidad y al menor precio posible, que cubra costos y una porción razonable para reinvertir. UTE podría hacerlo: invirtió en la red y se asoció a inversores para un avance sustancial en generación.

ANCAP no, porque gestionó mal y hoy tiene que cubrir sus pérdidas. Se debería dejar a UTE bajar las tarifas, porque es un resultado genuino de su gestión.

Eso permitiría aumentar el consumo eléctrico y con ello la actividad económica y el confort en los hogares. ANCAP debería hacer ajustes más profundos, con su propio esfuerzo y no con el de los consumidores. Con objetivos claros y en los grandes números, no solo en jardineros.

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Periodista especializado en información económica y empresarial. Columnista de Subrayado. Su twitter es @NicolasLussich.

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