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Cuidado con la presión

El año pasado el gobierno resolvió aplicar un ajuste fiscal (consolidación lo llama el equipo económico) para reducir el déficit del Estado, que cerró 2016 en 4%. Las medidas incluyeron principalmente aumentos de impuestos (en particular IRPF e IASS, más ajustes recaudatorios en la aplicación del IRAE), además de medidas para reducir gastos y la decisión de bajar el IVA de 22 a 18% para las compras con tarjeta de débito.

El ajuste está dando resultado: en el primer trimestre de este año, la recaudación de la DGI aumentó un 6% en términos reales respecto al mismo período de 2016, principalmente por el aumento del 28% real en la recaudación del IRPF. Es un aumento fuertísimo, que se da tanto por el aumento en las tasas del impuesto como por la reducción en las deducciones.

Hoy, el IRPF responde por casi 20 de cada 100 pesos que recauda la DGI, lo que sumado al resto de los impuestos a la renta (incluyendo IRAE) eleva al 35% la ponderación de los impuestos a la renta en la recaudación total (hace 5 años no superaba el 30%). En esto también puede incidir la referida reducción del IVA en débito. Claro que –con la reducción de las deducciones- el IRPF ha retrocedido respecto a ser un impuesto sobre la renta real efectiva.

Si bien se tratan de cifras preliminares (habrá que esperar algunos meses más para evaluar mejor el impacto del ajuste), las mismas muestran que –de mantenerse el aumento en la recaudación- la presión fiscal sobre la economía aumentará. En efecto, si bien la economía uruguaya está mostrando síntomas de reactivación en los últimos meses y se espera que crezca entre 2 y 3% este año, la recaudación está creciendo más: el referido 6% de aumento (de mantenerse) implica que la recaudación crecerá por encima del PBI.

La recaudación de la DGI es la principal fuente de financiamiento del gasto, seguida del BPS y otros ingresos menores. Pero no alcanzan a financiar todo el gasto, por lo que hay un déficit anual de unos 2.000 millones de dólares que hay que financiar con deuda. En cualquier caso es el gasto estatal el que define la ‘presión fiscal’, actual y/o futura. 

Entre 2005 y 2011 la relación entre gasto estatal y PBI se ubicó entre 28 y 30%, con variaciones leves. Sin embargo, desde 2012 hasta hoy ha tenido un crecimiento significativo, cerrando 2016 en 33% del PBI. Si sumamos a eso los gobierno municipales, el gasto estatal en todos sus niveles responde por más del 35% de PBI. La cifra aislada dice poco, pero considerando la

estructura del gasto en Uruguay (con porcentajes mínimos de inversión) y a juzgar por lo que se ve en otros países (solo países de alto desarrollo alcanzan porcentajes superiores al 40-45%, y los están revisando), todo indica que estamos al límite. El propio ministro Astori ha dicho que las personas y empresas “están en la frontera”, de su capacidad contributiva (ADM, 29 de marzo).

La cuestión ahora es ver si la economía puede sostener el crecimiento a pesar del ajuste, y –al mismo tiempo- si se logra reducir el déficit, que era el objetivo inicial. El desafío no es menor, considerando que ya hay aumentos de gastos comprometidos en el plano salarial y en la seguridad social (el ajuste por salarios de las jubilaciones aumentará el gasto en al menos U$S 180 millones anuales).

Los datos fiscales de los próximos meses serán claves para definir este escenario, que será el que tengan de base los legisladores para definir la Rendición de Cuentas. 

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Periodista especializado en información económica y empresarial. Columnista de Subrayado. Su twitter es @NicolasLussich.

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